El Ayuntamiento de Cudillero no tendrá que pagar los casi 91.000 euros que reclamaba el funcionario que ejerció durante cinco años como interventor y que pedía en concepto de diferencia salarial entre su cargo real y las funciones que desempeñaba. La Sala de lo Contencioso Administrativo número uno de Oviedo considera prescrita la petición.
La reclamación viene de lejos. En 2008, el entonces alcalde de Cudillero, el socialista Francisco González, alcanzó un acuerdo con el funcionario (que es el cronista oficial del concejo, Juan Luis Álvarez del Busto) por el cual éste retiraba la demanda a cambio de disfrutar de un permiso retribuido hasta que pudiese acogerse a un contrato relevo o a la jubilación.
Pero la situación fue destapada en febrero de 2012 por el PP, que criticó que el Ayuntamiento pagase a un funcionario para que no fuese a trabajar. Tras una resolución que ponía el acento en la irregularidad de la situación, el funcionario se incorporó a su trabajo, de nuevo en funciones de interventor. Del Busto volvió entonces a reclamar una cantidad, 90.962 euros, en concepto de haber ejercido como interventor accidental durante cinco años. Ahora una sentencia afirma que el caso ha prescrito.
El acuerdo le pasó factura al exalcalde, ya que por este caso la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias condenó a Francisco González, por un delito de prevaricación administrativa, a siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público de naturaleza electiva y ámbito local.
El último fallo hace referencia a la forma, pero no al fondo, destacó ayer Juan Luis Álvarez del Busto. Contra la sentencia del Contencioso-Administrativo cabe un nuevo recurso.
