El juicio contra el vicepresidente de la Federación Asturiana de Fútbol Gonzalo Azkárate-Gaztelu y el jefe de la Policía Local de Cangas del Narcea, Antonio Menéndez, se ha iniciado esta mañana en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo con la selección de los jurados que enjuiciarán el caso a lo largo de la semana que viene. Azkárate aduce problemas de salud para justificar no haber acudido a trabajar a su puesto en la Policía Local de Cangas en el periodo enjuiciado, unos cuatro años. La Fiscalía pide para él y para su jefe en la Policía una condena de cuatro años y siete meses de prisión y nueve años y seis meses de inhabilitación absoluta
El letrado de los acusados, Jorge Muñoz Cortés, ha opinado esta mañana, antes de la selección del jurado, que estamos ante "un ilícito administrativo como mucho, no hay un disvalor penal en la conducta de los acusados". Y ha añadido que, con este juicio, "se está matando moscas a cañonazos". Azkárate ha sido operado dos veces de pólipos en el intestino y sufre ahora un cáncer de colon, según su letrado. Añade a esta enfermedad, una hernia discal y obesidad mórbida. En estas condiciones, "su jefa ha mantenido la situación como buenamente ha podido". Azkárate manifestó que si su jefe en la Policía Local fuese tan malo, "no habría sido mantenido en el cargo por el actual alcalde". Azkárate estuvo acompañado por el presidente de la Federación, Maximino Martínez.
Según la Fiscalía, las responsabilidades federativas de Gonzalo de Azkárate-Gaztelu le llevaban a asistir a numerosos actos y reuniones fuera de Asturias e incluso fuera de España, lo que le imposibilitaba realizar su trabajo como agente. Pese a ello, siguió cobrando por esas labores. Le acusa de un delito continuado de malversación de caudales públicos. Los hechos fueron denunciados por el anterior alcalde de Cangas, José Luis Fontaniella.
El fiscal también acusa al superior directo de De Azkárate-Gaztelu de falsear los partes de trabajo. Según la acusación, hizo constar jornadas y horas de trabajo extraordinarias que no se habían realizado para que el agente pudiese percibir pluses y retribuciones especiales. Para el jefe policial, la Fiscalía pide también cuatro años y siete meses de prisión, además de una inhabilitación de nueve años y seis meses, por un delito continuado de malversación de caudales públicos y otro delito continuado de falsedad en documento público. También se solicita que los acusados indemnicen conjuntamente al Ayuntamiento de Cangas del Narcea con los 120.000 euros cobrados indebidamente.
