La empresa Prosimet, a la que Unión Minera del Norte (Uminsa) ha cedido en arrendamiento sus instalaciones mineras tras su proceso de liquidación, no recurrirá la medida cautelar adoptada por un juzgado de León en la que se ordena que no se le paguen ayudas estatales. Prosimet explica que "nunca podrá ser beneficiaria de ayudas" y añade que sería absurdo su solicitud "porque según la normativa del sector las tendría que devolver el año que viene".
La empresa explica en un comunicado que la querella fue presentada por el Abogado del Estado en nombre de Hunosa, que denunció "que la finalidad de Uminsa es trasladar la percepción de las ayudas estatales que percibe en favor de Prosimet, frustrando el cobro de la deuda por parte de Hunosa".
Cierre definitivo
No obstante, el grupo Alonso considera que el movimiento de la empresa pública lo que busca "no es el cobro de su deuda, sino la desaparición definitiva de las explotaciones mineras que pertenecieron a Uminsa y el cierre definitivo de la minería".
Además, Uminsa defiende que lo que le llevó a la venta de buena parte de sus activos fue la paulatina reducción de sus ingresos con "el recorte del 63% de las ayudas pactadas y la caída de las ventas", señala.
