Los vecinos de los edificios número 11, 13 y 15 de la calle Clarín de Cangas del Narcea, afectados por el desprendimiento del talud situado detrás de sus casas en enero de 2013, han llevado la obra definitiva de estabilización realizada en los últimos meses a los Juzgados por considerarla insuficiente. En el Juzgado de primera instancia e instrucción número 1 se ha abierto una diligencia de ordenación en la que se concede a los considerados responsables de garantizar la sujeción del talud en las sentencias del Juzgado de primera instancia de Cangas del Narcea y, posteriormente, también por la Audiencia Provincial, el arquitecto Emilio Llano y la empresa Construcciones Adralés, cinco meses para el cumplimiento del fallo.

Los vecinos aseguran que ya casi desde el principio se dieron cuenta de que la obra no era lo que esperaban, ni lo que se detallaba en la sentencia que definió las responsabilidades del argayo y de su restauración. Por ello, decidieron contratar un estudio geológico y geotécnico, y otro arquitectónico, para comprobar el grado de ejecución del fallo judicial.

"Incumplen la sentencia e incluso el proyecto que ellos mismos presentaron", asegura el vecino Emilio Arbas, que considera que, "probablemente, si no se hubiera dado una licencia sin pensar en que había una sentencia que había que cumplir, nos hubiésemos ahorrado esto".

Ambos estudios, realizados por técnicos diferentes, coinciden en recalcar que la actuación finalmente ejecutada resulta "insuficiente" y, además, señalan que "no garantiza la seguridad de los vecinos".

Ante esta rotundidad, los afectados no han dudado en volver a recurrir a la justicia y advierten que, "si piensan que nos vamos a cansar, están equivocados, vamos a ir hasta el final".

Entre los incumplimientos que recogen los informes técnicos destaca que no se ha llevado a cabo el saneamiento de los crestones y macizos inestables del talud. También apuntan que los principales elementos de sujeción, los bulones, no están a las distancias adecuadas entre ellos ni tampoco a la profundidad prevista. Asimismo se echa en falta la pantalla de micropilotes en la parte superior del desprendimiento o que el recalce del muro sea unos seis metros inferior y no cumpla las características proyectadas.

La concejala de Urbanismo, Laura Álvarez, asegura que la licencia se concedió siguiendo las normas subsidiarias y que el Consistorio no tiene competencia para juzgar si el trabajo se realizó siguiendo la sentencia.