El Arzobispado adjudicó la casa rectoral de Figueras en la subasta pública celebrada la pasada semana en Oviedo. La persona adjudicataria ofreció una cantidad superior a los 65.000 euros de salida con que partía la puja, aunque se desconoce la cifra exacta. Ahora, según las fuentes consultadas, se abre un plazo, que puede ser de hasta un mes, para formalizar los trámites y proceder con la escrituración del inmueble. Los vecinos y feligreses de la parroquia castropolense, que se opusieron desde un principio a su venta, dicen sentirse "frustrados" y "desencantados" por este fin, pero sobre todo, por las formas con que se ha actuado desde la institución eclesiástica.
El descontento de los feligreses locales se entiende mejor si se vuelve la mirada hasta mediados del siglo XIX, cuando comenzaron los intentos de independizar la parroquia de Figueras de la de Barres. Tras casi medio siglo de reclamaciones, en 1894 se logró la instauración de la parroquia de Santiago de Figueras. "Aquello necesitó de un esfuerzo titánico de los vecinos, que no escatimaron esfuerzos para conseguirlo. Se aportaron importantes cantidades de dinero para afrontar las demandas de las autoridades religiosas, y se pudo ampliar la iglesia y dotarla de los elementos necesarios para el culto", señala Fernando García, vecino y feligrés de Figueras y buen conocedor del proceso.
La casa parroquial, ahora subastada, aparece en escena en 1898, cuando fallece la vecina Rita Fernández Carrera, propietaria del edificio. En su testamento, lega la vivienda a la parroquia para que utilice "como rectoral o vivienda del párroco o cura encargado del pacto espiritual de la feligresía o pueblo de Figueras". Ultimados los trámites y adecuada la vivienda, el párroco se establece en ella.
La vivienda fue habitada por última vez por un religioso entre 1951 y 1978. Era Adriano Ferrería, el último párroco propio que tiene Figueras y a nombre de quien se escrituró la vivienda y un huerto anexo. En años posteriores, y ante la ausencia de residentes, la casa se deterioró, y fueron los vecinos los que se encargan de su reparación, renovando por entero el tejado y rehabilitando los pisos de la vivienda. En 2012, el inmueble se inscribió a nombre de la Iglesia Católica.
Y así se llega al pasado mes de diciembre, cuando, sin previo aviso, los vecinos reciben la notificación de la subasta de la rectoral, que es utilizada por la parroquia como almacén y local de reuniones. Los feligreses denuncian la "falta de diálogo" del Arzobispado en la operación, más si se tiene en cuenta la existencia de una comisión parroquial comprometida, "con una intensa labor de apoyo al párroco y de conservación de los bienes". Quieren advertir, además, al resto de parroquias, de "que pueden ser víctimas de una situación similar".
