09 de junio de 2018
09.06.2018

Lucha contra reloj en Boal para no sacrificar cuatrocientas pitas que han dejado de poner

La Consejería ha avisado a Noelia García, dueña de la granja, de que no puede cederlas a particulares: "Se hizo toda la vida, son buenas gallinas"

09.06.2018 | 09:32
Las gallinas en la explotación boalesa.

Noelia García se pasa el día colgada del teléfono. Esta boalesa busca desesperadamente un nuevo hogar para las cuatrocientas gallinas de su granja que han finalizado su primer ciclo de puesta. La normativa le obliga a sustituir todo el lote de una sola vez, y le impide, además, donar los animales a particulares, "como se ha hecho toda la vida". La última opción, a la que no quiere llegar, es el sacrificio de las aves. García pide a la administración que se adapten las leyes a la realidad de las pequeñas empresas del medio rural, para lograr "un desarrollo sostenible", y anima al resto de productores a hacer presión para que sus reclamaciones se escuchen en los despachos.

"De forma natural, cuando la gallina cumple un año o un año y medio, comienzan a bajar la puesta. Es un proceso que llamamos muda, y llegan a un punto en el que dejan de producir huevos durante una temporada, por un periodo indeterminado", explica Noelia García, que gestiona junto a su pareja Pablo Vélez una granja ecológica en Boal, "Pitasana". En este caso, se trata de cerca de 400 gallinas, que deberán salir antes del 14 de junio.

Tradicionalmente, cuenta García, este proceso se solucionaba donando los animales a particulares del entorno. "Se trata de gallinas jóvenes, en buen estado, que han pasado todos los controles sanitarios y que pueden vivir hasta los catorce años", añade. Todo eran ventajas, y todos salían ganando.

Sin embargo, esta semana la Consejería de Desarrollo Rural comunicó a la granja boalesa la prohibición de realizar esta práctica: "El desvieje de animales mediante la cesión o venta de pequeños lotes de aves a particulares no está contemplado en la legislación vigente", por lo que no podría ser utilizada "como sustitución al sacrificio", avisan.

"La ley es ambigua en cierto modo, y nos obliga a llevar a las gallinas a un matadero, lo que nos supondría un coste, o a hacerlo aquí. Y nosotros, por razones de ética, moral y respeto a los propios animales, nos negamos a cualquiera de las opciones", asevera Noelia García. Es por ello que ahora buscan, a contra reloj, una salida digna para las gallinas, que evite su sacrificio y les permita "seguir disfrutando unos años más de su vida".

Después de hacer público el caso, multitud de personas se han puesto en contacto con la granja para ofrecer alternativas y evitar el trágico final para los animales. De entre todos los caminos posibles, Noelia García ha hallado uno que puede significar la salvación de buena parte de las aves. "Hemos encontrado una granja de menor tamaño, que no puede afrontar la compra de un lote completo de gallinas nuevas, y que estarían dispuesta a acoger a una parte de nuestras pitas. Es una opción que contempla la normativa, y que acabamos de descubrir ahora, por lo que estamos en vías de salvar a buena parte de las gallinas", señala la empresaria boalesa.

Pero aún queda un buen puñado de aves a las que se debe buscar un hogar cumpliendo siempre la legalidad vigente. Las opciones que se barajan pasan por cederlas a una serie de asociaciones conservacionistas, para que pasen a vivir en los denominados "santuarios de animales". El tiempo se agota, ya que con la salida de cada lote se deben limpiar y desinfectar las instalaciones, un proceso que puede llevar varios días; y ya está cerrada la llegada de un nuevo grupo de aves a la explotación.

Grandes explotaciones

Ante esta situación, Noelia García lamenta que la normativa que rige actualmente este tipo de instalaciones está concebida "para grandes explotaciones, de miles de animales, que tienen otra forma de trabajar y gestionar a sus gallinas". Pide, por lo tanto, que se adapte la ley a la realidad de las pequeñas explotaciones en el medio rural, para poder dispensar pitas, huevos, u otros productos como leche o carne, en la venta directa al particular. "Es un aspecto que en otros países, como en Francia, ya está regulado; y dentro de España, Cataluña y el País Vasco también lo permiten", refiere García.

Critica la ganadera, además, que los representantes políticos "se llenen la boca con referencias al desarrollo rural y a la fijación de población", pero luego, a la hora de la verdad, "todo son trabas y problemas para desarrollar una actividad económica sostenible y respetuosa con el medio ambiente". Por último, García hace un llamamiento para que otros empresarios agrarios en la misma situación luchen unidos por esta causa que considera justa. Mientras, seguirá pegada al móvil para salvar a sus animales y ofrecerles un lugar en el que continuar su apacible vida.

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