Contamos contigo, Administración

 
Contamos contigo, Administración
Contamos contigo, Administración 

ANTONIO ARIAS RODRÍGUEZ Quienes se acerquen al medio siglo de vida recordarán el lema de aquella campaña publicitaria destinada a promover la práctica del deporte en la España de finales de los años sesenta. «Contamos contigo», decía la televisión en blanco y negro, incitando a la actividad física en nuestro tiempo libre.

Hoy, los apoyos públicos al deporte presentan las más variadas formas y destinatarios. Desde los modestos equipos infantiles hasta las grandes ligas europeas, hay todo un entramado de ayudas al deporte aficionado o profesional.

La Cámara de Cuentas de Andalucía, siguiendo las orientaciones publicadas por el Consejo Superior de Deportes, calculó en un reciente informe la cobertura de las «necesidades mínimas» de actividades y equipamientos deportivos en esa comunidad autónoma. De sus trece localidades más pobladas, cuatro no cubrían esas necesidades mínimas. Casualmente, el mismo número de equipos que Andalucía tiene en la costosa Primera División de fútbol.

Con frecuencia, los medios de comunicación debaten sobre si puede sobrevivir por sus propios medios y sin ayuda de la Administración pública un club profesional de élite. Los tribunales de cuentas, ajenos a la pasión de la camiseta, lo critican siempre que pueden, pidiendo transparencia, criterios y legalidad para los convenios y las ayudas, que tanto los gobiernos regionales como los ayuntamientos han venido aportando a sociedades mercantiles de equipos profesionales. El argumento más frecuente para motivarlas es que «las demás hacen lo mismo».

Ya hemos tratado aquí los problemas existentes para justificar el interés público de algunos gastos presupuestarios (o avales) que afectan a actividades mercantiles con indudable interés social, como el fútbol. Durante la fiscalización de la Federación Española de Fútbol se produjo un agrio y técnico debate para buscar y explicar «el interés público» de la subvención que acabó sufragando los derechos de imagen de los jugadores de la selección nacional. El asunto concluyó en reintegros millonarios de la Federación.


Un buen amigo interventor local me recordaba entonces que un alcalde, al que cuestionó la motivación pública de un gasto, le había contestado: «El interés público soy yo». En realidad, estaba queriendo decir que los electores, al decidir sus representantes, dan un amplio margen para hacer políticas públicas y entre ellas puede encontrarse beneficiar económicamente al club deportivo local. Pero esta atribución tiene sus límites.


Nuestra legislación relaciona las subvenciones con el «fomento de una actividad de utilidad pública o interés social» y hasta permite su concesión directa (sin publicidad ni concurrencia) cuando estén previstas nominativamente en los Presupuestos Generales de la Administración pública correspondiente. Claro está que la ley no quiere que éste sea el sistema normal de concesión, sino la concurrencia con el resto de interesados.

Como consecuencia, aparecen las ayudas encubiertas. Es sobradamente conocido que muchos clubes españoles de fútbol han saneado sus finanzas gracias a la recalificación de terrenos y a operaciones inmobiliarias. Al final, se acaba produciendo una espiral de apoyos en cada ciudad, que logra retrasar la aparición del déficit y desvirtuar los campeonatos, elevando las fichas de los futbolistas y del cuerpo técnico.

Otra manera de inyectar dinero a los clubes la encontramos en las televisiones públicas regionales. Así, el Consello de Contas de Galicia denunciaba en su informe sobre la TVG que los importes de algunos elevados contratos podían considerarse como ayudas públicas indirectas, al otorgar a los clubes una ventaja financiera, «sin que la televisión tenga atribuidas funciones de fomento del deporte en general y del fútbol en particular», concluía.

Contrasta la distorsión que estas ayudas suponen, en el correspondiente mercado deportivo, frente al rigor de los controles en la Unión Europea sobre aquellas medidas que amenacen o falseen la competencia. Un ejemplo es la reciente sentencia del Tribunal de la UE que considera discriminatorio nuestro incentivo fiscal a las empresas que contraten proyectos de I+D sólo con universidades españolas.

En 2004, el comisario de la UE sobre Competencia, Mario Monti, investigó si España, Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido habían concedido ayudas públicas ilegales a los clubes de fútbol, sin que hasta el momento se hayan producido «resultados tangibles».

La investigación profundizó en asuntos como la venta de la Ciudad Deportiva del Real Madrid, el decreto italiano conocido como «Salva Calcio» o las subvenciones a otros estadios, intentando que ningún club europeo tuviera, gracias a las ayudas encubiertas, una «ventaja selectiva» frente al resto.

Hay que navegar en el estrecho margen que hay entre las ayudas públicas y la imposibilidad de interferir con ellas la libre competencia deportiva. Quizá por eso, los grandes equipos de fútbol español (Madrid, Barcelona, Sevilla) tengan abogados en la presidencia, frente a una etapa anterior con constructores.

Mientras tanto, se constituye la flamante Comisión Nacional de Competencia creada por la ley 16/2007, cuyo reglamento entró en vigor hace tres semanas, incluyendo el novedoso procedimiento de clemencia, incitando a la colaboración de las empresas implicadas en infracciones que «impidan, restrinjan o falseen la competencia», llámense sociedades anónimas deportivas o constructoras, con el fin de facilitar pruebas y denunciar a otros para reducir sensiblemente las sanciones.

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