Madrid
La polémica saltó ayer en la Comunidad de Madrid, después de que la cadena SER informara sobre la decisión del Gobierno regional, que preside Esperanza Aguirre, de incluir sacerdotes en los comités de ética de los hospitales públicos, dándoles voz y voto para tomar decisiones, extremo que la propia Consejería de Sanidad desmintió en una nota, en la que se matiza que la función de los sacerdotes es la «asistencia religiosa de los enfermos que lo soliciten» pero no «tienen poder de decisión».
IU pidió retirar el convenio del Ejecutivo autonómico con la Iglesia mientras que el secretario de libertades públicas del PSOE, Álvaro Cuesta, criticó que «mentes podridas por el dogmatismo» intenten interponer prácticas confesionales en centros públicos. El secretario del organización, José Blanco, acusó a Aguirre de llevar a cabo una «absoluta invasión» de la intimidad y la libertad de conciencia de los pacientes.
El consejero de Sanidad, Juan José Güemes, aseguró que ningún capellán ni nadie ajeno a la asistencia sanitaria puede tomar ninguna situación médica y, mucho menos, en cuidados paliativos. «Sólo pueden asistir a los enfermos desde el punto de vista religioso», sentenció.
