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Ante el gran desafío de la financiación autonómica

 04:12  
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Al optar por adentrarse en el incierto camino de la reforma del modelo de financiación autonómica, Zapatero atiende las peticiones del Gobierno catalán. Su presidente, José Montilla, llegó a advertir del peligro de «desafección» de Cataluña hacia el resto de España si se demoraba esta reforma. En contra de numerosas voces incluso procedentes del propio PSOE, el ministro de Hacienda, Pedro Solbes, acaba de ordenar que la negociación del nuevo modelo comience de manera bilateral el próximo 28 de mayo con los representantes catalanes.

Nada es inamovible, y entra dentro de la lógica que el Estado autonómico, en continua evolución, revise su sistema de financiación. Nada hay tampoco que justifique que un modelo pactado hace tan sólo seis años, y que entonces todas las comunidades daban por bueno, deba de ponerse en cuestión, salvo por las exigencias del Estatuto catalán.

Una reforma de este calado nunca puede concebirse como un problema interno -de los socialistas consigo mismos, por las presiones de su grupo catalán- o como expresión del interés de una sola comunidad. En este asunto vertebral es indispensable acordar una financiación de todos y para todos, aunque el problema parte de la bilateralidad que reconoce el Estatuto catalán, pendiente de la sentencia del Tribunal Constitucional. De aquel error -abrir el melón de las reformas estatutarias sin un consenso con el PP- vienen estos problemas. El pacto de Estado que fue desechado para iniciar los cambios autonómicos debe ser, ahora, un objetivo esencial.

El actual sistema de financiación ha resultado positivo para Asturias. Con timidez en unos casos, con empuje en otros, el Principado ha conseguido dejar atrás los años negros de su crisis industrial y enderezar su rumbo económico. Lo sostuvo esta semana en Oviedo alguien bien poco sospechoso de cobijar sentimientos anticatalanistas como Jordi Pujol: «Un choque tan duro no se podía resolver de la noche a la mañana ni lo podían resolver los asturianos solos. Tenían que recibir ayuda y creo que deben seguir teniendo necesidad de ella». Pujol añadiría en privado que no para siempre.

La dirección de la Federación Socialista Asturiana (FSA), encabezada por Javier Fernández, se ha venido expresando en este punto con una claridad desacostumbrada. En el texto redactado para el comité regional del pasado viernes, Fernández asegura, con bastante lógica, que éste es «un mal momento» para debatir el reparto del dinero autonómico, «cuando los menores recursos financieros del sistema, consecuencia del también menor crecimiento, dificultarán sin duda la consecución de un objetivo satisfactorio para el conjunto de las comunidades afectadas». Tanto la FSA como el presidente del Principado, Álvarez Areces, se han opuesto frontalmente al planteamiento de nivelación sólo parcial de servicios defendido por Cataluña. De salir adelante la propuesta, los servicios públicos de cada comunidad dependerían, en cierto modo, de su renta: una puerta abierta a la desigualdad.

Hablar de verdad de este asunto es poner también sobre la mesa, sin complejos, otras cuestiones. ¿Qué ocurre con las comunidades del régimen foral? ¿Nunca habrá el valor suficiente para reconocer que su sistema es un privilegio injusto al que quieren equipararse en Cataluña? También, de la responsabilidad fiscal de los gobiernos autonómicos, tan dados a pedir más dinero al Gobierno central como renuentes a aplicar impuestos para financiar sus necesidades.

El Gobierno asturiano comparte, y no lo oculta, los criterios de otros ejecutivos, como el gallego, el extremeño y el cántabro. La formación de frentes territoriales es necesaria, pero constituye también un arma arriesgada e insuficiente. El pulso entre comunidades «ricas» (Cataluña y Valencia, con gobiernos de distinto color, van de la mano en esta batalla) y «pobres» es inevitable; reducir el debate a esta confrontación es garantizar el fracaso.

Entre las responsabilidades del Gobierno asturiano está intentar que la región no vaya a rebufo de los acontecimientos. No hay razón alguna, mal que les pese a los defensores de exhibir las balanzas fiscales, para los complejos. Precisamente, Pujol recordaba estos días en Oviedo que hace unos cien años «lo que entonces era la provincia de Oviedo era la zona más rica de España». Nadie debe, por tanto, escupir hacia arriba.

Quizá Cataluña tenga parte de razón en sus reivindicaciones de la misma manera que no hay comunidad que no aspire a mejorar su actual condición. Y habrá que intentarlo en la medida de las posibilidades existentes y del sentido común que demandará siempre un país equilibrado en el que se ejerza una política de redistribución justa de la riqueza, de acuerdo con la realidad objetiva de cada caso y sin caer en la nefasta política de subvencionar la falta de iniciativa, la ineficiencia o el mero electoralismo.

Resulta imprescindible, por tanto, impedir que los estatutos invaliden la Constitución, definir los servicios públicos ante los que todos los españoles tienen los mismos derechos, que las autonomías se responsabilicen de su esfuerzo fiscal y de la gestión de sus recursos y mejorar el funcionamiento del Fondo de Compensación Interterritorial.

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