La ley del miedo La ley del miedo

En la España del siglo XXI, una ciudad satélite de la capital de la nación ha vivido durante años prosternada a los pies de unos indeseables doblemente armados (con la pipa y el disfraz), y no sólo sucedió eso día tras días sin que una instancia superior de las muchas que hay le pusiera coto, sino que ahora, cuando agentes del orden de verdad han desmantelado el «gang», el poder político (el municipal, el autonómico, el gubernativo) se dice irresponsable y no concernido por el escándalo. Desde el Alcalde y el concejal de seguridad de Coslada hasta el consejero autonómico del ramo, por aludir sólo a los cargos más próximos a los hechos, son absolutamente responsables del sindiós padecido el Coslada, de ese impune trajín de delincuentes con placa, de ese robo permanente de la libertad de las personas. Como casi siempre, en el banquillo faltarán los elementos más señalados.

Cuando los agentes del orden se constituyen en banda criminal, esto es, cuando los custodios de la gente honrada y pacífica se dedican al chantaje, la extorsión, el robo, la tortura, la violación y todo género de abusos, ¿a quién puede acudir esa gente para que la proteja de sus «protectores»? En teoría, en la Policía Local no acaba el mundo de la ley, sino que por encima de ella todavía hay Policía Nacional, Guardia Civil, fiscales, jueces y autoridad gubernativa, mas para los vecinos de Coslada no había nada de eso, o no lo había con la proximidad y la solicitud que necesitan las víctimas atenazadas por el miedo. La única ley que durante años imperó en esa localidad madrileña, que en los últimos años ha crecido sin que crecieran a la par los servicios del Estado que hacen la vida un poco segura, ha sido la ley del miedo, de modo que no es justo reprochar a sus habitantes el no haber denunciado las tropelías de los hampones que en uniforme de Policía municipal les tenían acogotados. La ley del miedo conlleva una ley accesoria, la del silencio, y la consecuencia de ambas, según acabamos de conocer con la detención de la banda de policías facinerosos, es el ultraje a la dignidad colectiva y, finalmente, su deterioro y su pérdida.

En la España del siglo XXI, una ciudad satélite de la capital de la nación ha vivido durante años prosternada a los pies de unos indeseables doblemente armados (con la pipa y el disfraz), y no sólo sucedió eso día tras días sin que una instancia superior de las muchas que hay le pusiera coto, sino que ahora, cuando agentes del orden de verdad han desmantelado el «gang», el poder político (el municipal, el autonómico, el gubernativo) se dice irresponsable y no concernido por el escándalo. Desde el Alcalde y el concejal de seguridad de Coslada hasta el consejero autonómico del ramo, por aludir sólo a los cargos más próximos a los hechos, son absolutamente responsables del sindiós padecido el Coslada, de ese impune trajín de delincuentes con placa, de ese robo permanente de la libertad de las personas. Como casi siempre, en el banquillo faltarán los elementos más señalados.