De jueces y espías

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JOSÉ MANUEL PONTE Hace unos días falleció repentinamente un magistrado del Tribunal Constitucional al que se etiquetaba en los medios como «conservador» o «muy conservador». O en otras palabras, como de derechas o muy de derechas porque el termino «conservador», aplicado a un juez, no debería tener la carga ideológica con que la hemos ido cebando por arbitraria simplificación periodística. En realidad, todos los jueces son «conservadores» en el sentido de que están obligados a conservar o restablecer el orden legal perturbado por la comisión del delito. Y todo ello dentro de los rígidos límites del concepto de delito que la sociedad, bien o mal representada por el poder político, les entrega en cada momento histórico como instrumento de trabajo. El concepto de lo que es delito evoluciona constantemente y lo que un una época (y bajo un régimen político determinado) es tenido como una conducta punible, en otra es saludado como una hazaña virtuosa. ¿Conoce alguien a algún juez que se haya atrevido a interpretar la ley más allá de los limites que quiso marcar el legislador?
Las excepciones a esa regla serán contadas. Pero, al margen de estas archisabidas consideraciones, el caso es que, el fallecimiento de este magistrado dio pie a una polémica política y periodística muy curiosa. El Tribual Constitucional pasa por una etapa de turbulencias bastante vergonzosa, porque los jueces nombrados por las distintas fuerzas políticas están enfrentados entre sí y se descalifican los unos a los otros para conseguir mayoría en la resolución de una serie de recursos pendientes, entre otros el estatuto de Cataluña. Hasta ahora, llevaban una mínima delantera los llamados « conservadores» sobre los llamados « progresistas», pero la súbita muerte de ese compañero ha desnivelado la balanza, y el resultado de la partida queda expuesto al voto de calidad de la presidenta, que pertenece al primero de los bandos citados. En un influyente periódico, que simpatiza con la causa de los «progresistas», se hizo un resumen biográfico exhaustivo de la trayectoria vital del magistrado, se recordó su breve papel como gobernador civil en las postrimerías del régimen franquista, y se detallaron minuciosamente sus opiniones (lógicamente conservadoras), y sus taimadas maniobras para asegurar la mayoría conservadora en el tribunal. En cambio se omitió completamente que en ese mismo periódico se había dado noticia, en primera plana, y de forma destacada, de un incidente de tráfico en el curso del cual el magistrado hubiera supuestamente encañonado con un revolver a un conductor que luego presentó denuncia contra él. Pasado el tiempo, el denunciante retiró la denuncia y el Tribunal Supremo archivó el caso. Ahora, una revista desvela la posibilidad de que el conductor denunciante pudiera haber sido contratado por los servicios secretos españoles para desprestigiar al magistrado filtrando la noticia al periódico en rigurosa exclusiva. A su vez, la revista, para enredar aún más las cosas, atribuye la revelación a fuentes internas del Centro Nacional de Inteligencia. La politización y manipulación de la justicia en los altos tribunales empieza a ser preocupante.

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