En 1839 el "convenio de Vergara" entre los generales Espartero y Maroto pone fin a la primera guerra carlista. El general de la reina regente María Cristina se compromete a reconocer los fueros y en consecuencia el Congreso aprobó, ese mismo año, una ley ratificando los "fueros de las provincias vascongadas y Navarra sin perjuicio de la unidad constitucional de la Monarquía Española".

Ciento sesenta y nueve años después, el PNV considera que esa cláusula fue una trampa y pretende, dando un salto en el vacío, afirmar que ningún poder del Estado, ni siquiera las Cortes, están legitimados para intervenir en las instituciones vascas, agitando el proyecto de Euskal-Herría que jamás existió como nación y que no es más que un mito alimentado por fantasmas del pasado y el continuo chantaje de la violencia y "procesos de paz".

El PNV, que desde 1812 no ha aceptado ninguna constitución española y que instalado en el gobierno del País Vasco es el símbolo de la insolidaridad y deslealtad con el resto de los españoles, viene explotando, con éxito los complejos procedentes del franquismo, de la misma transicición, para paso a paso, con compañías radicales y asesinas, avanzar hacia el objetivo último, la autodeterminación, la secesión, la creación de un estado independiente que agrupe Iparralde y Navarra.

La estrategia de Ibarreche incluye la escenificación, a escala internacional, de un nuevo "Kosovo Vasco", minoría sometida por una España, que al igual que Serbia, no ha superado, todavía, sus resabios totalitarios.

De alguna manera estas reflexiones inciden en lo que es lamentablemente conocido y obvio, La cuestión es cómo reaccionar ante el manifiesto desafío de Ibarreche, por mucho que se ampare en la "legitimidad" que le otorgue el Parlamento de Vitoria, con los votos de los radicales.

El Gobierno ha anunciado que impugnará la ley que pretende aprobar y así continuar con su "hoja de ruta" que conlleva negociación con ETA y separación final. Impugnar ante el Constitucional y suspender su ejecución durante seis meses, es necesario pero es manifiestamente insuficiente...

Si estamos en un estado de derecho, no se puede mirar hacia otro lado ante la manifiesta vulneración de la legalidad que realiza Ibarreche, que por otra parte ostenta la representación del Estado en el País Vasco. No hace falta llegar al Constitucional, bastaría la actuación del Fiscal del Estado ante el Tribunal Supremo por su condición de aforado.

Junto a las acciones legales deben revisarse las estrategias políticas en torno al PNV, que está demostrando, reiteradamente, que no rectifica sus planteamientos soberanistas, sino todo lo contrario. Por cierto, no podía haber elegido peor momento el PP para hablar de diálogo con los nacionalistas.

No es solución entrar en negociaciones para ampliar el Estatuto de Guernica, porque ya todo fue entregado. El PNV no firmó la Constitución pero a cambio, como premio, recibió el mayor paquete de competencias y unos privilegios fiscales insolidarios. Todo para calmar a la fiera política, que acudiendo a la legalidad quizás no fuese más que un tigre de papel. Esta fórmula no se ha ensayado más que en temas menores, como el de las banderas. Ha llegado el momento de reaccionar contra la mala fe, exigir responsabilidades, decir basta y no acudir a explicaciones, tan pintorescas, de que es pura táctica de Ibarreche de cara a las elecciones autonómicas.

Carod Rovira se frota las manos y algún conocido de aquí da síntomas de preocuparse más de su nombre cristiano y monárquico que de corregir a Madrazo.