Juicio al periodismo que hacemos en España

31.05.2008 | 00:00
Juicio al periodismo que hacemos en España
Juicio al periodismo que hacemos en España

Encuestas hay que dicen que la de periodismo es la penúltima profesión en el aprecio de la ciudadanía; que los periodistas estamos algo -o bastante- desprestigiados, en suma. Cuando, no hace tantos años, estábamos en el segundo lugar del ranking de buena imagen. ¿Qué ha pasado aquí?


Lejos de mi intención ser ombliguista o corporativo, pero he decidido lanzarme a escribir este comentario azuzado por la actualidad y porque entiendo que la información, buena parte de la cual está en manos de los periodistas, es uno de los valores más importantes para la persona. Por ello creo que el juicio que estos días se sigue contra un periodista por presuntas calumnias contra el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, traspasa los límites de lo meramente profesional para adentrarse en el campo de la política, de la ética y hasta de la estética: son muchos los valores en discusión con este caso, tan llamativo, que, encima, se produce en medio de una crisis interna en el Partido Popular, desde donde se acusa a algunos medios de «injerirse» en demasía en las cuestiones internas de esta formación, procurando dividirla. Una acusación que, desde mi punto de vista, creo que es cierta.


Comprendo que mi opinión no tiene por qué ser universalmente compartida, pero pienso que los periodistas, o muchos periodistas, no están, o estamos, cumpliendo puntualmente con nuestra humilde y gran misión, que consiste en contar lo que pasa, analizarlo y, si es posible, contarlo y analizarlo mejor y antes que la competencia. No me parece misión del informador, sea de prensa escrita, de radio o de televisión, inventarse la realidad, decidir por dónde ha de salir el Sol cada mañana, amenazar a los que piensan diferente que nosotros, poner y deponer gobernantes y/o jefes de la oposición, ni decidir qué deben o no deben poner en sus programas los partidos.


Los periodistas, en suma, como parte del equilibrio de poderes, deberíamos hacer nuestra la máxima que alguna vez se imprimió en el frontispicio de algún gran periódico anglosajón: «Noticia es todo aquello que alguien no quiere que se publique». Otra cosa es hagiografía, propaganda, peloteo o combate al adversario y halago al amigo.


Creo que ha tenido perfecto derecho el alcalde madrileño a acudir a los tribunales -faltaría más- cuando ha considerado su honor vilipendiado. Y no vale decir, como han argumentado los que apoyan al demandado, que en un programa de radio los límites son más laxos, porque el medio exige «más viveza» y permite mezclar información con opinión.


Simplemente, no. Pienso que no solamente en el caso de Ruiz Gallardón se han sobrepasado los límites por parte de algunos sectores mediáticos: la difamación, el insulto, las bromas más soeces y las maldades más insidiosas se han vertido no pocas veces sobre personas respetables, pero que tenían la desdicha de pensar y hablar de manera diferente a como les hubiera gustado a los directores de ciertos programas radiofónicos. Y la libertad de expresión ni es libertinaje ni puede ser descalificación, ataque o amenaza a los demás.


No me extraña ni la querella presentada por el Alcalde, que no ha querido someterse al reinado del terror informativo, ni que algunos testigos -políticos- convocados por la defensa hayan dejado de dar la razón al demandado; el asunto se le está empezando a poner feo, amenazando, de paso, con salpicar a los empleadores de este profesional, que son nada menos que la cúpula nacional de la institución más venerable y respetada de España y puede que del mundo.


Los medios, los periodistas, no estamos aquí para hacer y decir cuanto nos venga en gana ni para organizar justas contra todo dragón vestido de «disidente» de nuestras ideas ni para apoyar a nuestros amigos, sean amigos políticos o de otra laya.


Los tribunales no están para impedir la libertad de expresión -a algunos ya les gustaría-, sino para hacer respetar los derechos de cada cual y, en última instancia, también para velar por un correcto mantenimiento del equilibrio de poderes y de la equidad. A ellos debemos acudir -personalmente, como periodista, también he perdido algún caso y he tenido que tragarme ese sapo- y de ellos tenemos que acatar las decisiones, aunque no sean compartidas por nosotros. Ése es el fundamento de un Estado de derecho.


Lo peor ha sido que la influencia de algunos medios y de ciertos profesionales se ha desbordado en España. En muchos casos, de manera desproporcionada y hasta peligrosa. Hora es ya de acabar con algunos desmanes en el plano de lo informativo, un sector donde aún, a veces -menos mal que no demasiadas veces-, no parecen haber llegado la modernidad, la tolerancia y, en ciertos casos, hasta la democracia.


Creo que este juicio, que tiene mucho que ver con las disidencias en el seno del PP y con tantas otras cosas que han ocurrido recientemente en la vida política española, ha de servirnos a todos para meditar: a los periodistas, porque no podemos traspasar los límites de lo que somos; a los empresarios mediáticos, porque no todo vale para engrosar las arcas; a los anunciantes, porque puede que no les convenga unir sus productos a ciertos espacios vociferantes y matonistas; a los políticos, por sus connivencias cómplices con ciertos periodistas, y por su miedo a denunciar los abusos, y a la opinión pública en general, porque debe mostrarse más exigente con la calidad de quienes les sirven la información.

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