El Estado en (la) crisis

FRANCISCO BLANCO ÁNGEL Una vez superado el estéril debate acerca de los calificativos más adecuados con los que describir la situación económica actual, ha llegado el momento de iniciar el camino, más productivo, de la búsqueda de soluciones. Parece que así lo han entendido también los dos grandes partidos con la presentación, en las últimas semanas, de una serie de propuestas fiscales, laborales y energéticas principalmente, con las que hacer frente a la crisis.


Los planteamientos ideológicos propios de unos y otros han tenido, inevitablemente, y por mucho que algunos prediquen la desaparición de las diferencias entre PP y PSOE en política económica, traducción en las distintas medidas propuestas. En concreto, se ha hecho más que nunca evidente su distinta concepción del Estado y del papel que el sector público debe jugar ante la crisis.


El PP ha basado sus propuestas en lo que ha llamado «austeridad presupuestaria», que se concreta en la limitación del crecimiento del gasto público al 2% en 2009, la rebaja del impuesto de sociedades y de las cotizaciones sociales y el aumento de las deducciones por compra de vivienda. En resumen, una reducción del gasto público en términos reales (es decir, una vez descontada la inflación) que, acompañada de una reducción de impuestos, supone en realidad el tradicional objetivo de adelgazamiento del sector público defendido por el PP, tanto en épocas difíciles como de bonanza.


Sin embargo la teoría económica más ampliamente aceptada nos dice que en tiempos de crisis el Estado juega un papel anticíclico. El presupuesto de gastos e ingresos públicos actúa como un estabilizador automático ante la desaceleración económica, aumentando el gasto público y disminuyendo los ingresos fiscales, y contribuye de esta manera a compensar la caída de la demanda privada. Y esto ocurre sin necesidad de tomar medidas excepcionales: los gastos aumentan automáticamente como consecuencia del aumento de los gastos sociales -subsidios de desempleo, por ejemplo- mientras que los ingresos disminuyen como consecuencia de una disminución de la renta de particulares y empresas así como del consumo, que afecta a la recaudación por IRPF, sociedades, IVA y otros impuestos indirectos.


Gracias a esta función de estabilización automática del presupuesto, ajena a las denostadas políticas keynesianas, la caída de la confianza y de la demanda agregada se contiene, y el riesgo de caer en un círculo vicioso en el que la reducción del consumo dé lugar a reducciones de la renta, que a la vez conduzca a nuevas reducciones en el consumo, desciende considerablemente.


Pero las medidas propuestas por el PP suponen un ataque frontal al papel de estabilizador automático del Estado anteriormente explicado. ¿Cómo podríamos hacer frente a un aumento del gasto en desempleo y otros servicios sociales si nos vemos obligados a reducir el gasto público en términos reales? ¿Propone el PP congelar los salarios de los funcionarios, reducir el gasto en determinados servicios como educación o sanidad, o la inversión en infraestructuras? ¿Y qué conseguiríamos con todo ello? Únicamente alarmar más a la gente, reducir la confianza y profundizar aún más la crisis económica.


Por el contrario el PSOE ha optado por aprobar un techo para el crecimiento del gasto público del 7,3 % que permitirá, sin despilfarros y sin poner en riesgo la salud de unas finanzas públicas por otra parte extraordinariamente saneadas, que el Estado desempeñe en esta crisis no sólo el papel de estabilización que la teoría económica le atribuye, sino que honre además los compromisos del Estado de bienestar construido en las últimas décadas. Sería bueno recordar que la existencia de un sistema de protección social y de un sistema fiscal suficiente nos permite que una crisis económica no se transforme también en una debacle social. Subsidios de desempleo, pensiones, salarios sociales básicos, o la garantía de unos buenos y amplios servicios públicos contribuyen a hacer más llevadera la crisis a los sectores más desfavorecidos, que son también los más vulnerables.


En cambio los voceros de la crisis prefieren aprovechar la confusión para hacernos creer que el regreso a la senda de la competitividad y el crecimiento pasa necesariamente por el desmantelamiento del sector público y por la reducción de los impuestos, especialmente aquellos que soportan los más ricos, ya que la experiencia nos ha demostrado que el objetivo del PP no es tanto la disminución generalizada de impuestos como la reducción de la progresividad del sistema. Basta sino recordar que durante los años de Gobierno popular, y de acuerdo con la OCDE, la presión fiscal aumentó en España del 31,5 % del PIB en 1996 al 35,1 % en 2004. A su vez, y de forma paralela a este incremento de la presión fiscal, la progresividad del sistema impositivo se redujo como consecuencia de un menor peso del IRPF en el conjunto de la recaudación en beneficio del IVA. Más recientemente, las comunidades autónomas gobernadas por el PP han utilizado su capacidad normativa para eliminar, en la práctica, la tributación por el impuesto de sucesiones.


Parece, en fin, que el PP está decidido a aprovechar nuevamente éste y cualquier escenario que se presente para adelgazar el sector público y reducir, en última instancia, la carga fiscal que soportan las rentas más altas, aun a costa de agravar la crisis y poner en peligro el Estado de bienestar y las prestaciones sociales que, precisamente en momentos como éste, se hacen especialmente necesarias.


Francisco Blanco Ángel, profesor titular de Hacienda Pública y director general Económico Financiero del Ayuntamiento de Gijón.