Losas que se desprenden de la fachada durante años. Salas que en verano llegan a 40 grados. Pasillos utilizados como oficinas de fiscales. Cortinas confeccionadas con periódicos para evitar las corrientes de aire. Cerrojos de calabozos que no cierran... Parecen episodios ideados por un imaginativo guionista de serie cómica televisiva pero el asunto es más bien para llorar. Se trata de situaciones reales que se han vivido en algunos de los más importantes juzgados asturianos.
Los casos de los palacios de justicia de Oviedo y Gijón son de bochorno. Los edificios -nuevos, bonitos, pequeños, nada prácticos- tienen que ser sustituidos con urgencia. El Palacio de Justicia de Oviedo acaba de cumplir siete años y se proyectó en la época de Álvarez-Cascos. El de Gijón, con apenas diez años, se estrenó con la llegada del PP al Gobierno. Ambos fueron posteriormente transferidos al Principado. En teoría, eran la respuesta definitiva a la diseminación judicial y a la falta de espacio, pero fracasaron. Oviedo sigue teniendo edificios judiciales en siete puntos distintos de la ciudad. Gijón, en cuatro. Acercarse a la justicia requiere mapa: aparte de la dispersión, cada sede constituye interiormente un intrincado laberinto.
La escasa funcionalidad y los defectos de construcción han sido graves. El palacio de Oviedo supuso una inversión de 8,5 millones de euros. El de Gijón, otro tanto. Desde su apertura ambas sedes precisaron de un permanente goteo de miles de euros para reparar deficiencias que surgieron cada día.
No ha lugar para que nuestros políticos pongan cara de sorpresa ni echen la vista atrás traspasando la culpa sobre los hombros de sus antecesores. Todos, y pasaron varias administraciones de distinto signo, fueron sistemáticamente advertidos por los profesionales de la magistratura desde hace mucho tiempo. El año pasado, durante la presentación de la memoria anual del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), el propio presidente de este organismo, Ignacio Vidau, consideraba «ocioso» insistir en la dramática situación de los edificios judiciales, cansado de clamar en el desierto.
El caso ovetense es de Juzgado de guardia, nunca mejor dicho en estas circunstancias. Sobre los planos, el entonces máximo responsable de la Justicia en Asturias, Eduardo Gota Losada, ya advirtió de que la sede era pequeña. Tanto tardó en concretarse -desde 1989 hasta 2001, 12 años- que el aumento del número de litigios desfasó todavía más las ridículas previsiones de espacio.
El edificio siempre ha estado lleno de vallas. A los dos meses de estrenarse empezaron a despegarse lajas interiores y exteriores de los muros. Unas cuantas veces se remacharon y otras tantas volvieron a caer. La distribución es un despropósito. Los arquitectos que diseñaron los primeros hospitales modernos los remataban con torres circulares, a modo de castillos, para eludir las esquinas: creían que ahí se refugiaban los virus. En el palacio ovetense de Llamaquique ocurre lo contrario: todo son recovecos poco aprovechables.
En Gijón ya comenzó hace un mes la construcción de otro palacio, que debe estar listo el próximo año, en los terrenos que ocupó la abandonada fábrica de cristal de La Bohemia. En Oviedo, el Principado propuso hace años un edificio en la superficie que dejará libre en el Cristo el traslado del Hospital Central a La Cadellada. Pretende ahora, sin renunciar a esa primera idea, poner en marcha otro palacio de justicia en la parcela del Vasco, un solar que parece gafado y al que no se le acaba de encontrar destino. Hace falta una solución razonable para ese problema que contribuya a restañar una herida de la trama urbana. Pero hay que evitar más parches en los locales de la justicia asturiana.
Construir edificios públicos que apenas aguantan diez años en el uso para el que fueron concebidos resulta un despilfarro inadmisible. Remita o no pronto la crisis, no hay economía autonómica que lo resista. Repetir, después de estas desastrosas experiencias, errores de diseño sería necio. El palacio judicial de Gijón ahora colapsado iba a albergar sólo salas civiles. Con el proyecto concluido, la intervención casual de un juez que alertó de la conveniencia de llevar allí también los juzgados penales, dada la proximidad a la Comisaría, hizo variar los planes. La improvisación casi siempre acaba en chapuza. Será imprescindible contar de antemano para los nuevos palacios con el criterio y la opinión de quienes a diario trabajan en los edificios judiciales.
Oviedo creó en la última década cinco juzgados de lo contencioso, cuatro de primera instancia, dos mercantiles, uno social y otro de violencia machista. Gijón, dos secciones de la Audiencia, tres juzgados de primera instancia, uno de instrucción y uno social. Es la respuesta al aumento de la litigiosidad. Los asturianos generan más de 150.000 causas al año. Encajar cada nuevo tribunal es un rompecabezas. Obliga a desplazamientos en cadena, a habilitar espacios inverosímiles y a disparar gastos con el alquiler de más edificios. ¿Tan difícil era contar con ese aumento de trabajo para evitar el marasmo inmobiliario en que se ha convertido hoy la Justicia en Asturias? Ahora que, por imprevisión y nula visión de futuro, hay que volver a construir otros palacios judiciales, pero, naturalmente, sin volver a tropezar en la misma piedra.
