No lo entiendo, de verdad que no lo entiendo. Se me escapa cómo el Gobierno y el PSOE pueden permanecer indiferentes ante el atropello que significa negar la educación en la lengua materna tal como ha decidido el Gobierno de la Generalitat. En realidad, la política lingüística excluyente del castellano ya la puso en marcha Convergencia i Unió durante los gobiernos de Jordi Pujol, pero quienes la están llevando hasta el disparate son los gobiernos tripartitos presididos por socialistas.
La Generalitat no está respetando la Constitución, donde se deja claro que el castellano es la lengua común que todos tienen el derecho de usar y de conocer. Imponer exclusivamente el catalán como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña es ignorar la Constitución y algo más: es una violación de un derecho elemental como el que en España los padres puedan decidir en qué lengua estudian sus hijos.
Hay políticos catalanes que juegan a que Cataluña es una nación independiente de España y que, por tanto, pueden imponer un modelo educativo monolingüe. Hay quien, en el colmo de la estulticia, defiende que en Cataluña sólo se estudie en catalán argumentando que si te vas a vivir a Inglaterra, o a Suecia, o a China, tienes que aprender la lengua de esos países y tus hijos estudiar en esas lenguas.
Es un argumento tan falso y tramposo que produce estupor. Porque es que Cataluña no es «otro» país y, por tanto, como comunidad autónoma tiene la obligación de permitir el uso del castellano, y que cada cual estudie y se exprese como quiera. Y estudiar en castellano en Cataluña no significa una merma del conocimiento del catalán, ni de que esta lengua reciba todo el apoyo necesario. Las lenguas no sobreviven por decreto sino porque los ciudadanos deciden libremente utilizarlas.
Si yo tuviera que vivir en Cataluña, estudiaría catalán, pero me rebelaría a que me lo impusieran teniendo en cuenta que la Constitución garantiza el uso y el derecho a hablar y conocer el castellano. De manera que la Generalitat no puede aprobar una norma que se salte la Constitución, ni el ministro de Educación decir tranquilamente que los padres tienen que asumir que el catalán es la lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña.
Creo que el sistema educativo debe permitir que los niños estudien en el idioma que decidan sus padres. Y, eso sí, quienes lo hagan en castellano deben recibir clases de catalán, y quienes lo hagan en catalán recibir clases de castellano.
Y, por cierto, ya está bien de señalar como de «derechas» a quien defienda que los niños se puedan educar en cualquiera de las dos lenguas, de «izquierdas» o progresistas a quienes defienden el uso exclusivo del catalán. En realidad, estos últimos representan el más rancio nacionalismo, ese nacionalismo que se impone a la fuerza.
No lo entiendo, de verdad que no lo entiendo. Se me escapa cómo el Gobierno y el PSOE pueden permanecer indiferentes ante el atropello que significa negar la educación en la lengua materna tal como ha decidido el Gobierno de la Generalitat. En realidad, la política lingüística excluyente del castellano ya la puso en marcha Convergencia i Unió durante los gobiernos de Jordi Pujol, pero quienes la están llevando hasta el disparate son los gobiernos tripartitos presididos por socialistas.
La Generalitat no está respetando la Constitución, donde se deja claro que el castellano es la lengua común que todos tienen el derecho de usar y de conocer. Imponer exclusivamente el catalán como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña es ignorar la Constitución y algo más: es una violación de un derecho elemental como el que en España los padres puedan decidir en qué lengua estudian sus hijos.
Hay políticos catalanes que juegan a que Cataluña es una nación independiente de España y que, por tanto, pueden imponer un modelo educativo monolingüe. Hay quien, en el colmo de la estulticia, defiende que en Cataluña sólo se estudie en catalán argumentando que si te vas a vivir a Inglaterra, o a Suecia, o a China, tienes que aprender la lengua de esos países y tus hijos estudiar en esas lenguas.
Es un argumento tan falso y tramposo que produce estupor. Porque es que Cataluña no es «otro» país y, por tanto, como comunidad autónoma tiene la obligación de permitir el uso del castellano, y que cada cual estudie y se exprese como quiera. Y estudiar en castellano en Cataluña no significa una merma del conocimiento del catalán, ni de que esta lengua reciba todo el apoyo necesario. Las lenguas no sobreviven por decreto sino porque los ciudadanos deciden libremente utilizarlas.
Si yo tuviera que vivir en Cataluña, estudiaría catalán, pero me rebelaría a que me lo impusieran teniendo en cuenta que la Constitución garantiza el uso y el derecho a hablar y conocer el castellano. De manera que la Generalitat no puede aprobar una norma que se salte la Constitución, ni el ministro de Educación decir tranquilamente que los padres tienen que asumir que el catalán es la lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña.
Creo que el sistema educativo debe permitir que los niños estudien en el idioma que decidan sus padres. Y, eso sí, quienes lo hagan en castellano deben recibir clases de catalán, y quienes lo hagan en catalán recibir clases de castellano.
Y, por cierto, ya está bien de señalar como de «derechas» a quien defienda que los niños se puedan educar en cualquiera de las dos lenguas, de «izquierdas» o progresistas a quienes defienden el uso exclusivo del catalán. En realidad, estos últimos representan el más rancio nacionalismo, ese nacionalismo que se impone a la fuerza.
