El reconocido optimismo antropológico de Zapatero, parece más contagioso que la gripe A. Al menos así se desprende de las declaraciones que se han efectuado estos días, también en Asturias, en relación a la inmediata aprobación por los gobiernos autonómicos del último plan de financiación.
En la opinión pública este tema ha tenido un débil calado, en parte motivado por la escasa pedagogía realizada por los partidos y los medios de comunicación, que han preferido ocuparse de las trapacerías de Camps, Sainz, Chaves y otros y otros. Sin embargo es una cuestión que va a afectar a millones de españoles y que sitúa en juicio las previsiones del artículo 156 de la Constitución, referentes a la igualdad y solidaridad de todos los ciudadanos.
La polémica ha estado y sigue girando respecto al objetivo final del modelo de financiación autonómica. Está descartado que sirva para reducir desequilibrios entre CCAA desarrolladas y otras menos ricas. Para ello se destina el etéreo fondo de compensación interterritorial que nunca ha supuesto una cifra importante. En 2007 era del 0,12 por ciento del PIB y con tales recursos bien poco se puede hacer para acortar distancias, por ejemplo, entre extremeños y navarros, asturianos y madrileños, andaluces y catalanes...
La reforma en marcha se ha abordado en el peor momento posible. Por un lado las arcas del Estado están más vacías que nunca, con un déficit estructural superior al 8 por ciento, fiel reflejo de un Estado en crisis. No menos preocupante es la indefinición sobre el modelo de Estado al que se pretende aplicar, incluyendo disparates como la bilateralidad catalana y la no revisión de los conciertos vascos y navarro.
Se apunta que el soduku de la financiación puede resolverse acudiendo a la formula de «lentejas para todos, las tomas o no comes», pero el truco reside en que previamente alguno ya ha recibido el chorizo.
Lo más recomendable sería aparcar, para momentos mas favorables, este inoportuno planteamiento de Zapatero y llegar previamente, mediante un pacto de Estado, a un consenso sobre las dimensiones de los servicios públicos fundamentales, educación, sanidad y servicios sociales, que tienen que estar garantizados, en las mismas condiciones, por todas las autonomías. No cabe hacer declaraciones ambiguas o descafeinadas. De la misma manera los anunciados fondos de dispersión, envejecimiento, cooperación, ordinalidad y otros parecidos, no pueden tener carácter de parches propagandísticos o excusatorios, para enmascarar un reparto asimétrico, que es lo que temen comunidades gobernadas por partidos de distinto signo y con menor peso electoral. El reparto en la fórmula prevista puede ser una estafa para millones de ciudadanos que todavía creen en un país común.
Las lentejas de Zapatero están aguadas antes de servirlas y al no haber consenso de cómo remediarlo, lo mas conveniente es cambiar de receta y de cocinero.
