Comunidades perjudicadas en el anterior modelo de financiación autonómica, como Cataluña, Valencia o Baleares, salen beneficiadas en el nuevo. Las favorecidas en el anterior, como Asturias y Extremadura, aún mejorando su posición, no la mejoran tanto como las otras. Sólo en ese sentido se podría hablar de empeoramiento relativo.

Hecha esa salvedad, las nuevas fórmulas de distribución de recursos entre las quince autonomías afectadas son más justas, más racionales y más equilibradas que las del modelo anterior (2001-2008), pactado en su día por el Gobierno del PP y sus aliados nacionalistas de Cataluña (CiU). Aquel modelo no reconocía la variable poblacional, por ejemplo, lo cual fue siempre una fuente de conflictos entre el Gobierno central y las comunidades más ricas, obligadas a gestionar la paradoja de que cada vez disponían de menos recursos para prestar servicios a cada vez más ciudadanos, como en los casos palmarios de Cataluña y Madrid.

Sin embargo, el asunto tiene tal calado político que, por desgracia, se ha convertido en un elemento de confrontación entre las tres primeras fuerzas políticas de base parlamentaria. Por un lado, el PSOE en el Gobierno; por otro, juntos en el «no» pero no revueltos, el principal partido de la oposición (PP) y los nacionalistas catalanes de CiU, a su vez principal partido de la oposición en esa Cataluña que tanto ha condicionado el modelo. El nuevo y el viejo.

Así las cosas, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (preside la Ministra y lo forman los consejeros de Economía de las comunidades) y posteriormente en el Congreso de los Diputados, donde la reforma ha de aprobarse como ley orgánica (o sea, por mayoría absoluta) asistiremos al juego de los despropósitos.

Se puede dar el caso de que el PP vaya por un lado y las comunidades que gobierna, o algunas de ellas, por otro. O que en el CPFF algunas comunidades se opongan al modelo pero acepten su puesta en funcionamiento para no perder la mejora económica que supone en todos los casos.

Peor sería el rechazo del modelo en el Congreso, donde en la mayoría absoluta necesaria no estarán los votos del PP ni los de CiU. Entonces no podría entrar en vigor y al Gobierno central le habría salido gratis esta ronda, incluso presumiendo políticamente de haber hecho los deberes.

Pero, en fin, no parece que eso vaya a suceder. Al Gobierno le salen las cuentas. Además en la tacada logra sumar los tres votos de ERC. Decisivos sobre todo en la votación de los Presupuestos generales del Estado para 2010. Es uno de los efectos políticos del alumbramiento del nuevo modelo de financiación. El otro es la marginación de CiU, que tendrá muy difícil explicar a los catalanes su rechazo.