Digámoslo de mano, unos nuevos criterios de financiación eran necesarios, al haber crecido notablemente la población en algunas comunidades y al no contemplar el vigente sistema la posibilidad de modificar esa variable. Añadamos: muchos de los parámetros del próximo sistema vienen condicionados por el Estatuto de Cataluña: así, la mejora de la posición relativa de esa comunidad por encima de la media, así el que el Estado sólo comprometa la igualdad para toda España en sanidad y en educación (y, de forma más imprecisa, en «servicios sociales»). Subrayemos: ¿Quién duda de que ha sido la necesidad de los apoyos parlamentarios de ERC (en Cataluña y en Madrid) la que ha obligado a que el tramo final de la negociación, el último fin de semana, se haya establecido entre el Gobierno central y ese partido, bien para que la Administración central cediese en 300 millones más, bien para fingir que se le arrancaban ese dinero? Recordemos: desde el año 2003, toda la organización del PSOE, de Zapatero a Montilla, de Areces a la FSA, ha venido laborando afanosamente por una financiación que primase a Cataluña. Lo que ahora tenemos, pues, es fruto de esa reiteración de voluntad y votos.
Establecidos estos datos y consideraciones previas, cabe hacer algunas más. En primer lugar, lo que parece una cierta falta de rigor o seriedad en todo ello. ¿Cómo es posible que la suma adicional de la nueva financiación alcanzase hace un año el monto que se decía infranqueable -tras muchos tiras y aflojas- de 9.000 millones y que esa barrera se haya superado después, hasta los 11.000? Pero es que, además, nadie sabe exactamente de qué se está hablando, pues la única cifra garantizada para este año son 6.000 millones, el resto son estimaciones para 2012, y, por otro lado, las cifras que, a día de hoy, las comunidades parecen deducir de los nuevos vectores de reparto suman bastante más de los 11.000 millones.
Esa oscuridad es probablemente una de las razones por las que la señora Salgado no quiera dar cifras concretas para cada comunidad, pero otra lo es, sin duda, los aspectos poco presentables del pacto, la desigualdad evidente de esa traducción a favor de algunas pocas comunidades.
El acuerdo (en el Consejo de Política Fiscal y Financiera no se necesita más que el apoyo de una comunidad, pues el Gobierno central tiene el 50% de los votos), aunque tiene algunas variables nuevas que mejoran la financiación según factores de diversidad (como el fraccionamiento de la atención sanitaria por grupos de edad y un mayor peso de los parámetros de superficie, dispersión poblacional e insularidad), presenta incógnitas, aparte las ya dichas: tal la eficacia y cuantía de los criterios igualadores, como el fondo de cooperación y el fondo de convergencia, y, especialmente, la de la evolución futura de los tributos cedidos (50% IRPF, 50% IVA, 58% impuestos especiales), que lógicamente irá aumentando la diferencia entre comunidades dinámicas, como Cataluña, y estancadas o en mengua, como Asturies.
Aparte de esos factores de desigualdad que provienen de la disímil dotación inicial y de la evolución futura de la economía de cada región, el nuevo modelo contiene en sí parámetros que ya son discriminatorios. Así, el Fondo de Suficiencia para Cataluña, la limitación de la igualdad general de los ciudadanos de España a la enseñanza, la sanidad y un impreciso «servicios básicos» (¿lo es, por ejemplo, en su totalidad la atención a lo definido como tal en la ley de Dependencia?) y, sobre todo, el que el 25% de los ingresos captados por las comunidades quede para ellas, «como estímulo al esfuerzo fiscal». Es decir, que quienes sean más ricos o tengan más empresas que vendan fuera del territorio de la autonomía tendrán progresivamente más dinero («al gochu gordu -dice nuestro refranero- unta-y el rau»).
Queda por averiguar qué repercusión tendrá todo ello sobre el endeudamiento general de las administraciones públicas, y, por tanto, sobre el déficit, la deuda, los impuestos y el empleo. En principio, podría pensarse que el aumento de los ingresos de las comunidades debería reducir su déficit, pero es poco verosímil que eso ocurra en un cien por cien.
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Lo que no es dudoso, en todo caso, es que, por esta y otras razones, la presión fiscal y algunos precios sometidos a regulación subirán en los próximos meses.
Una nota final. Para Galicia, Cataluña, Valencia y Baleares hay un fondo especial, «Aportación por bilingüismo». Y estos fenómenos de aquí, los que nos gobiernan, ¿qué? ¿Qué dicen de esto?
Terminemos. ¿No es cuando menos pintoresco que el nuevo acuerdo de financiación, saludado por el PSOE y sus turiferarios mediáticos como un buen acuerdo para toda España, haya sido saludado por el principal mocín político de los últimos días, ERC, como «un paso hacia el sistema definitivo, la independencia»?
Cauda. ¿Les gusta a ustedes todo esto? ¿Les parece beneficioso para Asturies? ¿Para España? Pues denle las gracias no sólo a Zapatero y Montilla, a ERC y a CiU (de quien arranca el Estatut, fuente última de todo ello), sino a los socialistas asturianos, al Gobierno Areces, a sus diputados y senadores, que tanto han peleado por conseguirlo. ¿Qué no les gusta? ¿Qué les parece injusto y empobrecedor? Pues lo mismo.
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