Después de más de un año se ha roto el llamado «diálogo social», con gran preocupación de unos, con escándalo de otros y con estrépito revoloteante por parte del presidente del Gobierno central, don José Luis Rodríguez.

Y, sin embargo, no es ése el escándalo. Lo extravagante y anómalo es que dos grupos de personas a los que nadie votó para ello -vamos a dejar de lado su representatividad- estuviesen usurpando la soberanía popular para acordar y decidir entre ellos cuestiones de tipo legislativo y económico. Porque no se trataba de que se consultase a los interesados, patronos y sindicatos, acerca de cómo veían las cuestiones que a ellos les afectaban, sino de que tomasen decisiones sobre el conjunto de la nación y de los individuos que la conforman.

(De todas formas, uno, en su ilimitada ingenuidad, pensaba que los partidos políticos conocen de por sí la realidad, sin falta de que nadie les cuente cómo es, dónde están los problemas y de qué forma se pueden abordar, o que, en el peor de los casos, tienen establecida permanentemente una línea de información y consulta a fin de conocer lo que ocurre en el mundo. Pero ya se ve que uno es un cándido).

Subrayémoslo: lo censurable de lo que aquí llaman algunos «diálogo social» no consiste en que se pretendan conocer las inquietudes de un grupo de patronos y de algunos sindicatos, sino en delegar en ellos la acción legislativa y de gobierno. Eso no tiene más que un nombre: «primorriverismo», corporativismo, democracia orgánica. Que después los procuradores en Cortes -incluido el exotismo de los saharaui-catalanes y los guineo-vascos- sancionen lo acordado fuera del ámbito de la soberanía nacional no elimina esa condición.

Para colmo, el «primorriverista» mayor del reino, don José Luis, se presenta cual Júpiter tonante ante la opinión pública y proclama que ya verán, que ahora va a legislar el Gobierno y anuncia una nueva prestación, de seis meses, para los parados que hubiesen agotado el subsidio, lo que está muy bien. ¿Pero es que, acaso, no hemos votado un Parlamento para que de él emanase un Legislativo, a fin, precisamente, de que ambos legislasen? ¿Ocurre que, tal vez, la medida hubiese tenido mayor legitimidad si la hubiesen acordado los llamados «agentes sociales»? ¿O si ellos hubiesen pactado otra cantidad u otra duración para la temporalidad hubiera sido eso lo concedido?

Como una hidra, como un cuélebre se han puesto don José Luis y los suyos por la quiebra del diálogo social. Porque, sin duda, es esa ruptura la culpable de que el paro se eleve al 18%, 4,137 millones de personas, y de que un millón de familias con todos sus miembros en paro no gocen de ningún tipo de subsidio.

Y en nuestro caso, de que no haya plazos para el AVE y de que nos vayan a poner un sucedáneo; de que nuestra financiación haya empeorado en relación con la de los demás, esto es, de que los asturianos valgan menos que otros españoles; de que nos vayamos a tragar los sobrecostes de El Musel para los que en su día se aseguró cobertura europea y se garantizó financiación del Gobierno español; de que no se nos pueda quitar el peaje de El Huerna, como se prometió; de que nuestro Estatuto, cuando lo tengamos, nos haga más ciudadanos de tercera aún?

¿Creen que les tomo el pelo?

No soy yo quien se ríe de los asturianos. Ni si quiera una xana me ha maldecido, como en algunas leyendas, para condenarme permanentemente a tosquilar. Probablemente, han sido otros los condenados a ello y sufren, pobres, ese castigo de tener que tomar el pelo continuamente a los ciudadanos. Porque lo hacen, sin duda, a su pesar.

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