Los ingenieros industriales, desde sus instituciones profesionales de carácter nacional, el Consejo General de Colegios Oficiales y la Federación de Asociaciones de Ingenieros Industriales de España, se están manifestando a favor de la continuidad de la central de Garoña y, en general, de las centrales nucleares.

Las instalaciones industriales terminan su vida útil por problemas de seguridad, por obsolescencia, por un incidente importante y costoso que impide la reparación, o por la aparición de una nueva tecnología que haga que la instalación no sea rentable. No se comprende que no concurriendo ninguno de estos motivos, se tome la decisión de cerrar la central de Garoña seis años antes de la fecha recomendada por el dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Además de las razones anteriores, el Colegio de Ingenieros Superiores Industriales de Asturias y León apoya la citada continuidad porque la energía nuclear es perfectamente compatible con un modelo energético sostenible, que debe responder a tres criterios: reducción de la dependencia energética, respeto al medio ambiente y costes predecibles y competitivos con los de la UE.

La reducción de la dependencia energética para nuestro país es fundamental. Bastan dos argumentos, uno relativo al riesgo (todos sabemos las consecuencias en el invierno pasado de la falta de abastecimiento de gas ruso en muchos países europeos) y otro, imprescindible en cualquier análisis, relacionado con el coste. A Italia la moratoria nuclear le ha supuesto unas pérdidas de 50.000 millones de euros, y en su sistema actual más del 60% de la electricidad producida se basa en gas natural importado. España importa el 80% de la energía que necesita.

El respeto al medio ambiente de las centrales nucleares favorece el compromiso con el Protocolo de Kioto, puesto que no emiten CO2 a la atmósfera ni otros gases que provoquen el «efecto invernadero».

Al cerrar la central, los 3.800 millones de KW/h. anuales que produce deberán generarse por las centrales térmicas. Este hecho supondrá cambiar la emisión de vapor de agua por emisiones contaminantes en cantidades ingentes: 40.000 toneladas de SO2, 10.000 toneladas de NOx, 3 millones y medio de toneladas de CO2 y más de 3.500 toneladas de partículas de polvo. Si a esto se unen los contaminantes ya emitidos durante la moratoria nuclear y otros elementos contaminantes, las cantidades acumuladas alcanzan valores realmente críticos, por ejemplo del orden de 40 millones de toneladas año de CO2 y más de 500.000 toneladas año de SO2. Estas cifras deberían hacernos reflexionar a todos. Más paradójico sería aún el sustituir esta generación mediante adquisición a países vecinos de energía nuclear, como ya viene sucediendo en la actualidad.

En relación con los costes, los datos también son elocuentes. En 2008 el coste del MW/h. para una nuclear ha sido de 35 euros, 60 en ciclo combinado, 80 en eólica y 400 en fotovoltaica. Por otra parte, como es conocido, el esfuerzo que los contribuyentes hacemos a las energías del futuro es muy relevante (la energía eólica recibió en 2006 más de 900 millones en subvenciones).

A los citados aspectos de coste hay que añadir el coste de la energía de sustitución. Suponiendo que se suministre con centrales de ciclo combinado, más económicas que las de carbón, representaría un incremento sobre la factura del gas español de unos 1.700 millones de euros en los próximos diez años. Es irreal pensar en energías renovables de origen eólico con factores de carga que no alcanzan el 34%. En términos de importaciones estaríamos hablando de 7 billones de metros cúbicos de gas natural, o de 56 millones de barriles de petróleo equivalente, en los próximos diez años.

Desde un punto de vista técnico, el cierre de la central no está justificado. Así lo avala el Consejo de Seguridad Nuclear y el hecho de que la central ha sustituido en estos años más del 50% de sus componentes para adaptarlos a nuevos requisitos y exigencias. Esta adaptación a avanzados criterios de seguridad es una rutina en gestión de las centrales, suponiendo inversiones muy significativas.

Entendemos que resultaría un acierto político y económico mantener la operación de la instalación hasta los plazos dados por el CSN, máxime cuando está en juego nuestra dependencia energética, la competitividad de nuestra economía y de las empresas y organizaciones que la soportan, y en definitiva el bienestar social, entre cuyos factores una sociedad avanzada debe considerar como elemento clave el empleo. Recordemos que el cierre de Garoña hace peligrar 1.000 empleos, de difícil reubicación por ser personal especializado.

El debate sobre el mix energético de nuestro país en el futuro resulta imprescindible en base a un amplio consenso político y, por supuesto, a razones técnicas. En España se decide la parada de Garoña y se prescinde de las centrales nucleares, mientras que en el conjunto de otros países (Finlandia, Argentina, Francia, Eslovaquia, China, Japón, India, etcétera) hay cincuenta centrales nucleares en construcción y otras cincuenta en proyecto y se considera un elemento relevante el aprovechamiento del emplazamiento, por la sinergia que se produce entre el desmantelamiento del grupo que se cierra y la explotación del nuevo, como aconseja el Consejo Mundial de la Energía.

Sin lugar a dudas, todos los aspectos considerados y otros, desde nuestra visión técnica como ingenieros industriales y también como ciudadanos que deseamos lo mejor para la sociedad, deberían favorecer un estudio riguroso, ajeno a ideologías, para establecer el mejor modelo consensuado que permita la sostenibilidad energética futura de un país avanzado como el nuestro.

En todo caso, el cierre de la central no debería ser fruto de una decisión precipitada y ajena a los múltiples criterios técnicos, económicos y sociales a tener en consideración, de los cuales se han esbozado algunos en estas reflexiones.