JOSÉ LUIS POYAL
Alan Dershowitz, profesor de Harward, asesor de Obama, conocido mundialmente por sus dictámenes y estrategias sobre terrorismo, declaró recientemente en España: «La mejor forma de luchar contra el terrorismo es nunca recompensarlo». Rechazaba de plano cualquier fórmula de apaciguamiento y negociación. El profesor recomendaba cambiar las leyes para que se adaptasen a las nuevas realidades del terrorismo y de sus cómplices con disfraces democráticos, para de esta manera golpearlos con toda la fuerza sin salir del Estado de derecho.
Pocas horas después de los atentados, un comunicado de la izquierda aberzale señalaba que la derrota policial de ETA es una quimera y convocaba a la ciudadanía vasca a una manifestación, en la «semana grande» de San Sebastian, por la independencia y la solución dialogada. Con la Constitución en la mano, tal manifestación es perfectamente legal, pero si en la misma se vitorea a ETA, debiera reprimirse con la contundencia necesaria. En caso contrario «se está recompensando a ETA» y dándole el regalo por sus cincuenta años de sangre.
En un documento de ETA de 2008 se decía textualmente: «En tres ocasiones iban diciendo que no se sentarían, los hemos forzado a hacerlo mediante la lucha y éste es, de nuevo, el camino que hará que el enemigo se siente para superar el conflicto». Esperan la recompensa.
Es triste decirlo, pero este empecinamiento se ve apoyado, con mayor o menor ambigüedad, tanto por el PNV como por otros partidos periféricos para quienes una derrota policial de ETA debilitaría sus reivindicaciones. Las fotos no importan.
Estamos asistiendo a nuevas alarmas. Se constata que ETA va a apretar las tuercas para forzar una negociación y ya no se sostiene la teoría de la desintegración. Es puro voluntarismo, frente a la aplicación por el terrorismo de la estrategia del «niño muerto» de Hamas. En nuestro caso, de guardias civiles, policías y concejales, sin excluir «daños colaterales»...
Resultan casi patéticos, por su desconexión de la realidad, los espacios de comunicación, escritos y televisivos, dedicados a explicar los orígenes de ETA, el recordatorio de aquel 31 de julio de 1959, festividad de San Ignacio de Loyola. Cada vez importa menos conocer complicidades, las santificadas y otras, porque el recordatorio de más de mil víctimas está por encima.
Hay que poner remedio, ahora, para que no sea verdad que el 15 por ciento de los jóvenes vascos de 12 a 16 años justifican o no rechazan la violencia. Al Estado le corresponde la «alta inspección» de los programas de las ikastolas. Al Gobierno le atañe proporcionar mejores medios para la autoprotección de la Guardia Civil, incluidas las reformas en las casas cuartel del País Vasco aunque algunas corporaciones no den licencias. No se puede consentir que un servidor del Estado, amenazado, cobre la mitad que un policía local en San Sebastián.
El articulo 116 de la Constitución y la ley Orgánica 4/1981 regulan democráticamente los estados de alarma, sitio y excepción. Mejor no acudir a ellos, pero ahí están.
