Poderes públicos y crisis económica

RAMÓN PUNSET CATEDRÁTICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO PÚBLICO DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO La separación entre las esferas de la sociedad (el mundo de las relaciones privadas) y del Estado, base del pensamiento liberal y de la propia libertad frente al totalitarismo, no puede ser tal que aleje por completo a los poderes públicos de los fenómenos sociales y de la necesaria ordenación de los mismos. Es cierto que hay talibanes del liberalismo que incluso en las crisis económicas más extremas -y nos hallamos inmersos en una de ellas- exigen la total inhibición estatal, considerando cualquier intervención pública en la economía como algo intrínsecamente perverso, y la distinción entre el «homo politicus» y el «homo oeconomicus» como el fundamento de la civilización occidental. Esta actitud radical, sin embargo, no resulta compartida por la inmensa mayoría de los ciudadanos, ya sean éstos los dueños de los medios de producción o los empleados y los obreros. Hoy se considera de sentido común que el Estado corrija abusos y deficiencias, instituya subsidios y ayudas y, más en general, ordene y planifique la actividad económica a fin de que discurra conforme a pautas compatibles con el interés de todos. Así, la intervención monetaria y financiera por parte de las instituciones públicas se reclama en la actualidad para prevenir fenómenos inflacionarios o deflacionarios, ralentizar o potenciar el consumo, salvar de la quiebra a las entidades bancarias y recapitalizar a las industriales, etcétera.

De otro lado, tras las experiencias, algunas durísimas, de las crisis económicas del siglo XX, nuestra cultura política mayoritaria admite que todos los instrumentos económicos (dinero, empresas, tecnologías) poseen una naturaleza social, no sólo como elementos de intercambio, sino como factores de apropiación. Cualquiera de ellos, por tanto, puede ser expropiado, intervenido, nacionalizado o más o menos gravado tributariamente. El Estado, en suma, no se encuentra jurídicamente inerme frente al devenir económico, y la misma propiedad privada en cuanto derecho subjetivo tiene un contenido fuertemente delimitado por su función social. Nuestra Constitución de 1978 proclama sin ambages: «Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general».

Esta concepción del papel de los poderes públicos en la economía debe mucho a nuestra condición de gatos escaldados. El sufrimiento democratizador de la Gran Guerra, escribe el gran historiador François Furet, «hizo de cada uno, hasta del más humilde, un juez del contrato social», que había permanecido inmutable al menos desde 1848. La hiperinflación centroeuropea de los años veinte destruyó a la República de Weimar y propició el ascenso del nazismo. La «muerte del dinero», como explicó el economista Adam Fergusson en un magnífico estudio, no sólo laminó a las clases medias creando una pesadilla que todavía hoy perdura en el subconsciente alemán; liquidó igualmente la solidaridad, los principios éticos más elementales y la libertad política. A su vez, la Gran Depresión de 1929 completó el proceso de pérdida de legitimidad de toda clase de instituciones y potenció el surgimiento de diversas formas de aventurerismo político. Con ella y con la conflagración mundial que la siguió, los europeos dejaron atrás definitivamente aquellas señas de identidad que se remontaban al antiguo régimen y se integraron en las grandes masas de individuos solitarios de nuestro tiempo.

Desde 1945 ha habido numerosas guerras parciales (la guerra sigue siendo, para nuestra vergüenza, perpetua compañera del hombre) y varias crisis económicas globales. La grave crisis actual, sin embargo, evidencia singularmente la obsolescencia o la insuficiencia de los métodos de gobierno del planeta o, simplemente, la ausencia de ellos. La II Guerra Mundial nos legó la ONU, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y la Guerra Fría (1948-1989) generó un mundo políticamente bipolar, relativamente seguro dada la equipotencia militar de los grandes. Ese mundo ya no existe, reemplazado por una movediza multipolaridad, en la que no se integra, por cierto, nuestra fofa Unión Europea. Aquellas instituciones internacionales de los años cuarenta precisan algo más que una limpieza de fachada. Ante los desafíos de la globalización, la sostenibilidad y, en consecuencia, la necesaria limitación del desarrollo económico, son cada vez más, sobre todo en los medios académicos, los que claman por una «gobernanza» universal. Este vocablo, de reciente incorporación a nuestro Diccionario, significa nada menos que lo siguiente: «Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía».

La gobernanza universal supondría un cambio revolucionario, un nuevo paradigma de civilización. Curiosamente, el alcance de semejante paradigma se encuentra también formulado, y además con completa rotundidad y claridad, por Benedicto XVI en su reciente encíclica «Caritas in veritate», en cuyo parágrafo 67, casi al final de un documento muy valioso intelectual y doctrinalmente, se propugna la creación de una efectiva «autoridad política mundial». No sé qué diría Dante Alighieri si levantara la cabeza y leyera -entre admirado y desconfiado, supongo- semejante propuesta del romano Pontífice. Ya no estamos, empero, en batalla alguna entre güelfos y gibelinos, sino en lucha contra la pobreza y la explotación incontrolada de los recursos naturales. El Papa no sugiere algo muy diferente de lo que en tantos foros de distinto signo se viene postulando desde hace largo tiempo, pero redobladamente a raíz de la crisis económica: la superación de los estados nacionales como sujetos soberanos y la progresiva conversión del Derecho Internacional en el Derecho Constitucional de la humanidad entera.