Una solución que amenaza la competitividad de El Musel

Solución, porque despeja todas las trabas económicas del proyecto y garantiza los fondos necesarios para que llegue a buen término en el plazo previsto, octubre del próximo año. Problema, porque traspasa todo el esfuerzo económico para subsanar el desaguisado a la Autoridad Portuaria asturiana, el ente que gestiona las instalaciones, que debe ser capaz de generar recursos suficientes durante muchísimos años, cerca de medio siglo, para devolver una cantidad ingente de dinero. A tenor de sus cuentas de explotación de los últimos ejercicios, no es seguro que se halle en condiciones de hacerlo.

La ampliación de El Musel nació como la gran apuesta estratégica del Gobierno del Principado. La mayor obra de Asturias, la licitación más cuantiosa acometida de una sola vez en una comunidad autónoma, es algo más que una infraestructura. Es, en la concepción de los actuales gobernantes asturianos, una instalación sobre la que debe pivotar buena parte del futuro económico regional. Acertado o erróneo, este planteamiento ya no tiene vuelta atrás. Con la obra en marcha desde hace cuatro años no cabe otra opción que concluirla. Y, ciertamente, debido a los exagerados sobrecostes en los que ha incurrido -216 millones de euros, un 43% más del presupuesto inicialmente previsto- hasta esta misma semana no ha estado claro que ese objetivo pudiera cumplirse.

Que el camino se despeje no justifica que haya que hacer la vista gorda. Desde el inicio, toda la tramitación ha estado plagada de ligerezas que, serenadas ahora las aguas, deben tener responsables, de aquí o de Madrid, sean técnicos o políticos. Se falló en las condiciones de licitación, se falló estrepitosamente en los cálculos económicos para el aprovisionamiento de áridos -lo que generó buena parte del desvío presupuestario- y se falló en la forma de plantear ante la UE la manera de allegar más fondos comunitarios con los que enjugar los desfases.

Nadie regala nada a Asturias. Sí, el acuerdo alcanzado en Madrid por el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, y el ministro de Fomento, José Blanco, es un alivio. Pero, como lo que mal empieza, mal acaba, el precio que se va a pagar es altísimo, pues traspasa a la Autoridad Portuaria de Gijón una losa económica. Tan pesada que es lícito dudar de que pueda llegar a sostenerla. No es que lo digamos nosotros, es que lo afirmó hace tan sólo cuatro meses el propio presidente portuario, Fernando Menéndez Rexach, en una entrevista en LA NUEVA ESPAÑA. Daba a entender entonces Menéndez Rexach que serían el Estado o el Principado, «por una vía o por otra», los que finalmente afrontarían el grueso del sobrecoste. Y advertía: «Que el puerto asuma esa cantidad parece excesivo. Nuestra previsión es endeudarnos por otros 100 millones, que es lo que encaja razonablemente». Ahora tendrá que hacerlo por más del doble.

Como si pretendiera desentenderse de invertir en un puerto de interés general y con las arcas estatales más adelgazadas que nunca tras el rejón de la financiación autonómica, el ministro de Fomento no quiso saber nada de aportar fondos directos. Va a actuar en la operación como prestamista. La España plural es hoy un mercado persa, en buena medida jaleado por los socialistas, en el que unos mandan más que otros. Sin duda pesó en Blanco, a la hora de descartar una implicación mayor con Asturias, el miedo a que otras comunidades le exigieran lo mismo. Empezando por la suya, Galicia, que tiene un buen telar con el nuevo puerto exterior de La Coruña. El propio Principado temió en algún momento por tener que asumir íntegramente este marrón, lo que habría significado una debacle para sus cuentas.

Con unos beneficios el ejercicio pasado de 8,5 millones de euros, la Autoridad Portuaria debe devolver en los próximos 42 años 465 millones: 250 millones que ya tenía contraídos de un crédito y los 215 millones que acaban de endosarle. Por mucho optimismo que se le eche, habrá que hacer funambulismos para que todo encaje. ¿Puede acaso el puerto de Gijón restringir o casi anular durante el próximo medio siglo su actividad inversora para dedicar todos sus recursos propios al pago de una inmensa deuda? Sería inadmisible que para que los números cuadren el puerto suba tarifas a sus clientes. Una mutimillonaria ampliación, pensada para hacer más competitivo el puerto gijonés, no puede acabar convirtiéndose en su principal lastre, dejándolo en desventaja frente a sus competidores.

Mención aparte merece el papelón que interpreta, un día sí y al otro también, la coalición de izquierdas que gobierna Asturias. El PSOE traga cualquier desplante de su socio e IU es capaz sin pudor, a través de Los Verdes, de alertar a la UE de las anomalías de la obra, arriesgando la llegada de más fondos comunitarios, y de sentarse después a la mesa del mismo Consejo de Gobierno del Principado al que ese revés deja con la soga al cuello.

Resulta evidente que los sobrecostes se están convirtiendo en una práctica tan generalizada como indeseable. Una cosa es un leve desfase por imprevistos y otra los escandalosos desvíos, fuera de cualquier racionalidad y control, que sistemáticamente se están produciendo en las obras. Cuando con el dinero público se actúa con tan poco rigor las cosas acaban saliendo el doble de caras. Lo malo es que todos lo pagaremos.

En plena crisis, con los tráficos cayendo y un puerto cautivo en un 90% de los movimientos de la siderurgia y las importaciones de carbón, habrá que confiar en que El Musel sea capaz de multiplicar panes y peces, pues necesitará aumentar exponencialmente su actividad para sostener la inversión en la que se ha metido. Si la Autoridad Portuaria, con un dique y muelles nuevos, ya tenía el reto de convertir Gijón en el gran puerto del Arco Atlántico, ese reto es ahora una necesidad imperiosa.