J. M. CARBAJAL
Durante bastante tiempo, una parte de los empresarios del turismo de navegación del Sella abogaban por hacer un «furacu» bajo el ramal de la N-634 que desemboca a la altura de la estación de servicio de El Portazgo, en Cangas de Onís, aunque a la misma entrada del puente de Arriondas (Parres). El único objetivo era conseguir un acceso hasta el mismo río y así disponer del necesario embarcadero, además de zona de estacionamiento de furgonetas.
La iniciativa chocaba de lleno con el ahora Ministerio de Fomento, ya que esa carretera es de titularidad estatal. Cierto es que se trató de rescatar en más de una oportunidad, sobremanera por la presión ejercida, a modo de cuantiosas sanciones, por los agentes de la Agrupación de Tráfico sobre los vehículos de algunas de las empresas dedicadas al turismo activo que descargaban el material -y por supuesto a sus respectivos clientes- en los arcenes de la N-634, en las inmediaciones de El Portazgo.
Ahora, las novedosas pretensiones de la Confederación Hidrográfica para regular esa actividad turística en la cuenca del Sella pasan por llevarse por delante a una empresa de las más veteranas del sector, la dirigida por Manolo Villarroel, sita en la conocida finca La Dehesa (Cangas de Onís). Allí, según se comenta, se localizaría el embarcadero por excelencia, además de zona de estacionamiento, para todas las firmas que explotan el turismo de navegación en aguas selleras. Le retiran a él de un plumazo y se ponen las demás ¡Vamos, una OPA -utilizando el argot bursátil- en toda la regla!
Sin embargo, lo realmente llamativo de la rocambolesca situación es que el propio Villarroel lleva más de un lustro intentando regularizar el problema en el que se encuentra «enrocado» su empresa -Cangas Aventura, una de las más longevas de todo el Oriente-, pero que alguna mano negra parece sumamente interesada en que no le sea otorgada la correspondiente legalización de la actividad comercial. Tras años peleando en los despachos, los responsables de la Confederación le acaban de denegar la autorización por el peligro de «inundabilidad» del lugar. Además, la Policía Local le precintó la caseta de los tiques.
Lo curioso del caso es que varios florecientes negocios destinados al turismo de navegación, competencia directa del de Villarroel, se asientan en las inmediaciones de la conocida finca de La Dehesa, en la margen canguesa del río Sella. Me imagino que, salvo error, todas esas empresas dispondrán de los preceptivos permisos expedidos por la Confederación Hidrográfica. ¿Por qué «papeles» para a unos sí y a otros no, teniendo en cuenta que están en similar cota de inundabilidad? Ese es el principal meollo de la cuestión, y no otro, donde arrancan las suspicacias en cuanto a un presunto favoritismo para obtener ciertos favores burocráticos. ¿Amiguismo? Llámenle como quieran.
Manolo Villarroel y su esposa, Marta Pandiella, son personas muy apreciadas no sólo en Cangas, sino en del Oriente, pues han sabido enfocar sus quehaceres profesionales hacia el turismo activo. Llevan un montón de tiempo tratando de legalizar las anomalías del boyante negocio de La Dehesa, pero casi siempre se han topado con largas y más largas. No han sido capaces de obtener su «traje a medida» y ahora se las ven y se las desean para seguir luchando en los tribunales de justicia contra la todopoderosa Administración. Y en el medio, una treintena de jóvenes trabajadores que ven peligrar sus puestos. ¿Chivos expiatorios de las nuevas políticas de la CHN? No lo duden.