El pasado viernes día 7 del presente mes de agosto, todos los medios de comunicación se hicieron eco de las declaraciones de Dolores de Cospedal, secretaria general del Partido Popular, en las que acusaba al actual Gobierno socialista de efectuar unas escuchas telefónicas ilegales a algunos de los altos cargos de su partido. Muy serio el tema, la verdad, porque España, Estado de derecho como cualquier otra democracia que se precie de serlo, no puede consentir semejante falta de respeto a la oposición de su Gobierno; eso sin mencionar que cualquier tipo de escucha es ilegal si no está autorizada por un juez. La señora De Cospedal no sólo se permitió lanzar una acusación de ese calibre sin una sola prueba que la respaldase, sino que, además, se lamentó de que España viva un «Estado policial» (LNE 7 de agosto).

Pero ahí no quedó todo. En el telediario de la primera de RTVE, escuché a Federico Trillo, coordinador de justicia de su partido, decir ante las cámaras que el Gobierno tendría que demostrar que tales escuchas no se habían llevado a cabo. Esta vez fui yo, y perdonad la ordinariez, quien dijo: «¡Manda güevos!». Sí, porque escuchar en el mismo día a dos personas que militan en el mismo partido decir esas sandeces provoca ese tipo de exclamaciones.

Tengo que reconocer que la política no es lo mío, pero, como ciudadana que soy de nuestro país, intento estar al corriente de lo que sucede y, desde que se promulgó, saber a qué me obliga y de qué me protege la Constitución española. En base a lo primero, os diré que no creo que en España se esté viviendo un «Estado policial» y, en base a lo segundo, que sí lo sería si cada persona que es objeto de una acusación infundada tuviera que demostrar su inocencia porque, si tuviera que hacerlo, entonces sería que en España prevalece la presunción de culpabilidad, cosa que no es así porque la mencionada Constitución española, en su artículo 24.2, dice exactamente lo contrario.

Esto me da qué pensar, en realidad, no es la primera vez, pero? bueno, y pensando se llega a la conclusión no sólo de que la desesperación hace que las cosas que se dicen no hayan sido lo suficientemente meditadas, sino a otra mucho más seria: ¿tienen claro los señores del Partido Popular si quieren un «Estado de derecho» o un «Estado policial»?, y por ende: ¿lo tenemos claro los españoles que acudimos a votar a las urnas?

Es muy fácil hacer una campaña diciendo todo aquello que los votantes quieren oír, por eso debería ser el trabajo del día a día de los cuatro años anteriores y no esas arengas exaltadas de última hora lo que más peso tuviese en el momento de tomar una decisión.