PACO G. REDONDO
Los sobrecostes galácticos por la ampliación portuaria de El Musel están en el centro de la polémica en estos meses, debido a su elevada cuantía y las insuficientes y confusas explicaciones aportadas hasta ahora por las autoridades para justificarlas. Primero lo achacaron al oleaje, después a que no se explotó la cantera de Perecil -que se ha explotado de manera ininterrumpida- y luego a la de Aboño. El consejero de Infraestructuras atribuía un 32% al transporte de piedras y áridos. A ello se añaden los retrasos en la ejecución de tan complejas obras.
El 02-09-2006, la Asociación de Fabricantes de Áridos de Asturias (AFAPA) negaba para las obras de ampliación en el puerto de Gijón la falta de material en Asturias, cuyas canteras «cumplen con todos los parámetros de calidad exigidos», decían reconocer el mecanismo del libre mercado y considerar lícito optar por un proveedor u otro, «siempre que para la elección no se utilice un argumento falso como está ocurriendo». En León se utilizaron Coteinsa (La Robla) y Caleras de Barrios, pero esta última apenas durante unos meses, afirman.
Una de las cuestiones centrales en este asunto de los desfases y descontroles, y más en momentos de recesión y necesidad de apretarse el cinturón, es quién, cuándo y por qué decidió que había que traer poca, pero cara piedra desde canteras de León. Y para evitar las suspicacias, la mujer del César no sólo ha de ser honrada, además ha de parecerlo, resulta conveniente conocer también de quién es la propiedad empresarial de dichas canteras.
En definitiva, lo que está en juego en esta magna obra, como en la del Hospital Central de Oviedo, es la capacidad de gestionar los fondos públicos con rigor y eficacia. Puede ser normal que surjan sobrecostes por circunstancias nuevas o difíciles de prever, pero la credibilidad de los gobernantes y de la Administración depende de una explicación clara y detallada a los ciudadanos, con cuyos impuestos se financian.