JOSÉ LUIS POYAL
Es muy difícil que una democracia pueda sobrevivir si fallan sus instituciones y éstas pierden su consideración de instituciones de todos y para todos.
Si los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, en lugar de mantener sus respectivas responsabilidades, se confunden en un aparato entremezclado, dominado por el ejecutivo, las instituciones se corrompen y la democracia peligra.
Peligra la democracia cuando el objetivo último del gobernante es anular la oposición y con tal fin la arrincona, la menosprecia, o la expulsa situándola en los extremos de la ideología política.
Peligra la vida democrática cuando la oposición sestea en espera de errores del gobernante, no ofrece alternativas inteligentes o dedica sus esfuerzos a satisfacer las ambiciones de poder de sus políticos.
Peligra la democracia cuando el gobernante usa y abusa del aparato mediático, propio o alquilado, para imponer a la sociedad civil su pensamiento único.
Están demasiado cerca las peripecias recientes y las torpezas políticas de unos y otros para entrar en más reseñas. El efecto que suscita mayor preocupación es el avance en el desprestigio social de las instituciones. Según una encuesta, el 85 por ciento de los abogados considera que «la politización del Consejo General del Poder Judicial es tan elevada que impide gestionar de forma eficiente e imparcial el funcionamiento de la justicia».
Cuando el país se encuentra prisionero de la crisis económica, casi cinco millones de desempleados, sanidad y pensiones con graves problemas y aumento de la inseguridad jurídica, la ciudadanía tiene que clamar contra sus políticos, exigiendo los esfuerzos necesarios, incluido un pacto de Estado, para devolver la confianza en las instituciones. Lo pedía en La Granda Pedro Sabando, un gran médico y buen político.
La Constitución en su artículo 56.1 atribuye al Rey: «Arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones». Esta función no ha tenido un posterior desarrollo y queda como una facultad un tanto gaseosa. Pero esta falta de concreción no puede suponer que el Rey esté indiferente a todo lo que ocurre. Sabino Fernández Campo dice que el poder del Rey es un poder neutral, pero que no puede ser tan neutral para que no se pronuncie nunca o que nunca se sepa si se pronuncia.
Con el respaldo constitucional a la función moderadora del Rey, no parece improcedente que en estos momentos de reconocida tensión, no solamente económica, don Juan Carlos buscase una sintonía de voluntades entre Gobierno y oposición, para evitar mayores males a nuestra débil democracia.