¿Diálogo o monólogo social?

ALBERTO GONZÁLEZ MENÉNDEZ ECONOMISTA Y SECRETARIO GENERAL DE FADE Introducción. La serpiente del verano es el diálogo social. Está de moda. No es de extrañar, a la vista de los datos que perfilan la fotografía del primer semestre del año: el PIB ha caído un 4% respecto al año anterior; hay 1.400.000 parados más en España y casi un 18% de paro; el IPC retrocede un 1,4%; se ha creado un 15% menos de compañías y se ha disuelto un 42% más que en el año anterior; el número de efectos de comercio impagados ha crecido un 41%; la producción industrial ha caído un 21,%; el grado de ocupación hotelera desciende el 8% en un país con alta dependencia del turismo; y las exportaciones han sufrido un retroceso próximo al 20%. En simbología gráfica de análisis económico habría que dibujar una flecha con pronunciada tendencia hacia abajo. Y lo peor es que hay pocos datos que inviten al optimismo.

Alguien tendrá que hacer algo. La cuestión es quién y qué. Ese ejercicio lo dejo para más adelante, porque antes cabe otra pregunta no menos inmediata: ¿cómo ha llegado España a esta situación? Hasta hace dos años esa flecha del economista apuntaba hacia arriba. Incluso, hace apenas un año por estas fechas algunos se entretenían en discutir si era crisis o desaceleración. ¿Por qué se ha atenuado tan intensa y rápidamente la luz de la vela?

Nudo. Nadie pone en cuestión que la economía mundial está atravesando uno de los peores baches de la historia reciente, que también afecta a nuestro país. Los indicadores son tan claros como el origen del mismo: unos extraños, desconocidos y escasamente controlados movimientos en los mercados financieros internacionales unidos a la conocida como burbuja inmobiliaria han roto el hasta entonces favorable devenir económico mundial. Ya está: se ha acotado el problema e, incluso, se ha evaluado el impacto que éste puede tener en la economía real; y se han tomado medidas financieras individualizadas por país y coordinadas entre bloques económicos para hacerle frente.

Pero eso no es todo. Más bien es el principio. En un ámbito totalmente globalizado, como es el que estamos viviendo, hay variables que vienen fijadas por los mercados internacionales. Pero hay otras muchas, la mayoría, que se fijan en el terreno de juego nacional y que determinan lo que realmente es un país frente al resto. Por ejemplo, y sin ánimo de ser exhaustivo, las condiciones para crear y desarrollar una empresa; las relaciones con los factores productivos (energía, disponibilidad de materias primas, mercado de trabajo, tecnología, etcétera); la fiscalidad empresarial; la mayor o menor regulación de las actividades económicas (no hablo de desregular, sino de no asfixiar y de que las normas sean claras, homogéneas y duraderas); las relaciones con las administraciones públicas; el apoyo a determinados sectores o actividades considerados estratégicos o de futuro; la existencia de redes y de medios de transporte que faciliten la logística y la distribución; la disponibilidad de un sistema educativo moderno, eficaz y acorde con las necesidades del país; o el facilitar e incrementar la salida de nuestros productos y servicios a mercados exteriores.

No es mi intención evaluar aquí el estado de todas y cada una de estas variables y de otras muchas que han acotado y siguen haciéndolo, lo que podríamos definir como el «entorno-país» de España. Eso lo dejo para el ámbito íntimo y subjetivo de cada cual. Aunque no me resisto a recomendar a quienes estén interesados en el tema la lectura de algunos documentos recientes elaborados por prestigiosos organismos nacionales e internaciones al respecto (Fondo Monetario Internacional, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Comisión Europea, Banco Central Europeo, World Economic Forum, Banco Mundial, Banco de España, Servicio de Estudios de Funcas y de todos los bancos españoles, cámaras de Comercio, etcétera). Todos ellos coinciden (repito: todos) en que gran parte de los graves problemas actuales de España tienen su origen en corsés de funcionamiento o mala regulación de muchas de las variables citadas en el párrafo anterior y en que es preciso abordar sin más demora reformas estructurales profundas que corrijan esta situación. Coinciden con estos planteamientos casi la totalidad de analistas, académicos o estudiosos de temas económicos. Algo tiene que haber cuando, cosa extraña, un tema tan complejo y sensible concita tan alto grado de consenso en organismos tan dispares.

En ese mundo globalizado, del que lejos de abstraernos tendremos que implicarnos cada vez más, hay un concepto clave y cada vez más decisivo: competitividad. Guste o no, es lo que permite que productos, servicios, personas, ideas y territorios triunfen o no, tengan futuro o pasado y sean dinámicos o se acomoden hasta languidecer.

La competitividad se crea en parte en el ámbito micro de las empresas y de las personas, a base de mejoras de formación, de habilidades, experiencia, organización, tecnología y ganancias de productividad. Pero en no menor medida también viene determinada por el entorno. ¿Por qué las empresas que fabrican coches o montan televisores se plantean cerrar sus plantas en España y abrirlas en la República Checa o en Polonia? Por lo mismo que en la década de los ochenta decidieron venir aquí: los costes de producción son más bajos y la calidad final del producto la misma.

A quien corresponde claramente propiciar las condiciones para que un territorio democrático sea más o menos competitivo es a quien las urnas le han conferido esa responsabilidad y tarea: sus gobernantes. Que son los que pueden hacer que las leyes sean más o menos favorables para que quienes crean riqueza y empleo puedan hacerlo en peores, similares o mejores condiciones que sus competidores, y que exista un entorno propicio a la emprendeduría, el riesgo, la innovación y el progreso.

Es, en primer término, al Gobierno a quien corresponde esta responsabilidad, identificando los puntos críticos que están afectando la competitividad de nuestro entramado económico, diseñando medidas para hacer frente a esta situación y gestionando los menguados recursos públicos de los que disponemos con criterios de máxima rentabilidad por euro. Y también convenciendo e implicando -que no conminando, amenazando o favoreciendo, depende de quién se trate- a cuantos agentes económicos y sociales tengan algo que aportar desde su legítima y reconocida independencia en pos de ese objetivo común.

Y, en segundo término, a los políticos y las estructuras partidistas en que se agrupan. Como español me preocupa que en una obra pública haya desviaciones de más del 100% entre el presupuesto inicial y la liquidación final, y creo que en un Estado de derecho deben investigarse estos hechos y obrar en consecuencia conforme a la ley. Pero a mí y al 74% de españoles, según el barómetro del CIS de julio, nos preocupa mucho más el número de parados, altísimo y creciente. También nos preocupan al 50% de españoles los problemas de índole económica, y el 63% pensamos que la situación se ha deteriorado mucho en el último año, según refleja la citada encuesta del CIS. Y me preocupa también que, según datos del Ministerio de Economía y Hacienda, la recaudación impositiva haya caído casi un tercio respecto al año anterior y que se esté incrementando de forma muy preocupante el nivel de déficit público. Me inquieta, en definitiva, que nuestros políticos y gobernantes no estén preocupados por y ocupados en, si no sacarnos de la crisis, sí al menos desplegar todos los medios e iniciativas posibles para intentarlo de una forma realista y eficaz.

Desenlace. Tal parece que no se les ocurre más que confiarlo todo al diálogo social. Una práctica, dicho sea de paso, que en diferentes escenarios y con distintas modalidades, ha jugado un papel muy relevante en España a lo largo de las tres últimas décadas, contribuyendo a configurar los principales rasgos del modelo de relaciones laborales y del sistema de protección social de nuestro país. Pero que tiene un claro ámbito de actuación y restricciones evidentes.

La primera condición del diálogo social es que se respeten las opiniones de los otros y se mantengan las formas sea cual sea el resultado. La segunda es que sea libre y voluntario y que se desarrolle o bien por convicción y consenso entre las partes, si es entre sindicatos y patronal, o por invitación del Gobierno y con la participación de éste. En este último caso es preciso acotar los temas a tratar, el alcance que se le quiere dar al acuerdo y la metodología de negociación; y esto debe hacerlo el Gobierno. Así ha sido siempre que este proceso ha resultado efectivo, con ejecutivos de uno u otro color, a lo largo de los últimos treinta años: con el ANE en 1982, el AES en 1985, con los primeros ASEC a mediados de los noventa o, más recientemente, con el Acuerdo para la Mejora y el Desarrollo del Sistema de Protección Social en 2001 y con el AMCE y el AMMSS en 2006.

Hay otra variante también utilizada en España en varias ocasiones, que es el aval que quienes tienen responsabilidades políticas buscan en los agentes económicos y sociales para sacar adelante medidas estructurales de ámbito económico o social. Así ocurrió en 1977, con los pactos de la Moncloa, en cuya gestación no intervinieron directamente sindicatos y patronal, pero que sí fueron apoyados explícitamente por estas organizaciones. O en 1995 y 2003, cuando las fuerzas parlamentarias cerraron y renovaron, respectivamente, el Pacto de Toledo.

Ante un panorama que apunta más hacia la consolidación de la crisis que a la recuperación y con un comprometido margen de maniobra debido al muy previsible deterioro de las cuentas públicas, es esta última una opción a considerar muy seriamente por un Gobierno que había planteado un modelo de concertación social que ha sido poco claro y ordenado (había más de veinte mesas abiertas entre las que inicialmente se acordaron y las que luego se añadieron con lo que se llamó diálogo social reforzado); no se había marcado periodicidad concreta para concluir los trabajos (se llevaba más de un año negociando, pero sin ritmos ni calendarios continuados); no ha sido dotado de metodología eficaz (lo normal es que haya unos documentos o propuestas base sobre los que comenzar a trabajar); y que, además, se había permitido el lujo de establecer líneas rojas al final y no al principio. En definitiva, el diálogo debía haberlo sido con todas las letras y no un monólogo en el que alguna o el resto de las partes ha asistido como convidado de piedra a un banquete que se paga a escote.

Aunque tampoco es descartable que, si el devenir de los acontecimientos deteriora todavía más la situación, sean sindicatos y patronal quienes se citen en la mesa de negociación para ensayar nuevas posibilidades de acuerdo. Y con ello demuestren mayor grado de responsabilidad y altura de miras que los de un Gobierno que parece tenerlos más en la próxima Presidencia europea que en la de su propio país, y las de una oposición más preocupada del patio de su casa que de otra cosa.