PACO G. REDONDO
La polémica está servida. El Gobierno del Principado reconocía esta semana el descuadre de sus cuentas, las dificultades para abonar las nóminas de los funcionarios asturianos y la necesidad de tomar medidas urgentes y eficaces para recortar el gasto, particularmente en el ámbito sanitario. Un tema muy delicado, puesto que se trata del primer núcleo vital de la trilogía «salud, dinero y amor»; primero es la salud, luego lo demás.
Está claro que la profunda recesión económica no queda en los titulares de prensa, y la empresa que cierra y afecta a otros al final golpea nuestra vida cotidiana. El detonante de la situación es un descenso en los ingresos previstos para 2009 en torno al 7 por ciento (unos 300 millones de euros). Se pone sobre el tapete la cuestión del gratis total: ¿es justo que un jubilado que gana 1.500 euros tenga las medicinas gratis y un parado que gana 1.000 las tenga que pagar? Antes o después habrá que abordar lo del «todo gratis total para todos». Subvencionar ordenadores al margen del nivel de ingresos significa, en cierto sentido, usar los impuestos de los pobres para financiar a los hijos de los ricos. El agravio se cuela, además, entre los propios funcionarios asturianos. Mientras en el sector sanitario ya se abona el nivel III de la carrera profesional (hasta 7.500 euros al año), en el docente sólo se abona el nivel I (2.500) y está cuestionado judicialmente.
Si la gente en vez de a los 70 se muere a los 80 años de edad como media, de alguna manera habrá que financiar pensiones y gastos sociales, con criterios proporcionales. Una vez abierta la caja de los truenos de los agravios comparativos, los argumentos no paran de desbordarse: ¿por qué unos sí y otros no?