La sanidad de todos

JORGE J. URÍA No deja de ser curioso observar cómo en época de vacas gordas nuestros gobernantes se afanan en repartir, a manos llenas, boletos en lo que podríamos llamar la «rifa presupuestaria», convirtiendo la política en la tómbola del Estado del bienestar. Cuando los vientos de la economía son favorables y te pillan ejerciendo el poder, el gasto en sanidad y educación se convierte en el péndulo hipnótico con el que nos convencen de estar viviendo en el mejor de los mundos posibles, sin reparar demasiado en la eficacia de dicho gasto porque ya se sabe que en época de bonanza hay para todo.

También es sabido que sanidad y educación son dos de los pilares en los que el Estado del bienestar se asienta, y que la inversión en ambas materias, y digo inversión y no gasto, ha de estar a la altura de lo que una sociedad moderna y exigente demanda. Claro que, como paso previo a darle a una sociedad moderna lo que pide y necesita, deberemos tratarla como lo que es o debería ser, un conjunto de ciudadanos, mujeres y hombres maduros que tenemos el derecho y la obligación de saber en qué y cómo se gasta nuestro dinero.

El asunto del que estos días se habla en Asturias entorno a la sanidad y su coste nos hace caer en la cuenta de que también es labor de los gobernantes hacer ver a los gobernados que la gestión pública, dotando a la sociedad y sus miembros de carreteras, justicia, hospitales o escuelas, necesita elevados presupuestos que no salen del cuñu de la abuela, sino de nuestros bolsillos. Algo que parece tan de sentido común, es un debate que se nos ha escamoteado permanentemente, y así, mientras los euros rodaban por los despachos oficiales, y no tan oficiales, hemos llegado incluso a contemplar la cuestión desde la barrera como si fuese ajena a nuestros intereses.

Ahora que los vientos económicos traen consigo fuerte marejada y el rumbo de la gestión pública no encuentra posición, es cuando el debate sobre los desfases presupuestarios surge con toda su crudeza, lanzándonos a la cara los rociones de realismo que nos deberían haber alcanzado en otro momento más llevadero para los sobresaltos. No interesó, ni interesa a pesar de todo, tratarnos como ciudadanos responsables con derecho a saber, haciéndonos partícipes, no de las decisiones de quienes tienen la obligación de tomarlas, para eso les pagamos, pero sí de una información transparente y veraz de en qué y cómo se gasta el dinero público, el de todos. Ello supone dotar a la sociedad civil de sentido crítico, algo que a los responsables de la cosa pública provoca, sólo su mención, sarpullidos y reacciones cutáneas de fácil tratamiento. Carecer de él, sin embargo, puede costarnos muy caro. A la vista está.