Ahora parece que la crisis es la responsable de todos los males, como si fuera la causa en sí misma, cuando sólo es la consecuencia de una determinada política económica al servicio de la fortuna de unos pocos -personas y países- y para ruina de muchos. Para la mayoría, la crisis es sólo un escollo más en este proceso y para algunos beneficiados significa que han de buscar otros mercados -nuevas víctimas- en donde seguir obteniendo plusvalías similares.
Los derechos básicos de los ciudadanos fueron disminuyendo y, sin duda, cuatro millones de parados es el indicador más elocuente. El ritmo de crecimiento y acumulación de la economía era y es una cosa y el de los ciudadanos otra. Pero, ahora resulta que no hay dinero para la Salud, para la Sanidad, y los ciudadanos han de conformarse con menores prestaciones y, resulta también, que como consumen muchos medicamentos, camas, envejecen, etcétera, se convierten en los responsables de la situación. Queda a salvo, por supuesto, la gestión política y económica de los responsables.
Si la salud es algo fundamental y el Gobierno -después de sanear la banca- comienza a lanzar la duda de que no hay dinero, que los ingresos han bajado y que la Salud puede entrar en quiebra, no queda otra salida más que la privatización. Es decir, volvemos a lo dicho al principio, están sugiriendo que éste es el nuevo mercado para que el poder económico pueda seguir manteniendo la plusvalía para tanta acumulación de bienes y dinero, fruto de la crisis.
Los derechos esenciales de los ciudadanos han de cumplir tres condiciones: que sean gratuitos, universales y, por último, que sean públicos. De otro modo no es posible una asistencia efectiva y real, y no importa de qué campo de los servicios sociales estemos hablando, lo dicho vale tanto para la Salud como para la Educación, etcétera.
Gratuita, para que sea accesible sin que importe el nivel de ingresos y, universal, para que nadie quede excluido. Pero para que estos dos requisitos se cumplan el servicio ha de ser necesariamente público, única forma de garantizar que el beneficiario sea el ciudadano y no que otros intereses puedan ser prioritarios. Hablamos de Salud y no de empresas que, como tales, como entidades mercantiles, tienen como fin el beneficio y para esto se constituyen. (Y no se trata de buenas o de malas intenciones, porque las sociedades mercantiles tienen como único fin legal el lucro, no otra cosa).
Conviene recordar, aunque sea papel mojado, los contenidos de la Constitución española, en la que en tantos artículos se reconocen derechos pero, en cambio, ninguna responsabilidad ni al Gobierno ni a las autoridades, cuando tales derechos no se satisfacen. El capítulo III habla de los principios rectores de la política social y económica y en el art. 43.2 dice: «Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios». Y, si esto no es así ¿pasa algo? Pues no, los «poderes públicos» seguirán como hasta ahora, con su plutocracia.
Los servicios sociales debidos a la población sufren embestidas que los deterioran cada día más, unas veces de manera abierta y otras indirectamente, pero con el mismo objetivo: privatizar el servicio para hacer de él un negocio. Claro que no se plantea de forma tan abierta, sino que se disimula interponiendo principios tan loables como mejorar la calidad, la eficacia o cualquier otra ocurrencia.
Los servicios sociales representan una parte importante del gasto de los presupuestos públicos y por esta razón son un bocado más que apetecible para los partidarios -es decir, beneficiarios- de la privatización de lo público. Así está sucediendo hace tiempo con la externalización de servicios de hospitales y de ambulatorios, cuando no directamente con su privatización. Mención aparte merecen las multinacionales farmacéuticas y las mutuas privadas que atienden accidentes laborales, bajas y altas de trabajadores y a funcionarios, compitiendo directamente con la Seguridad Social, en su detrimento, y con el reiterado visto bueno de partidos, sindicatos mayoritarios y Gobierno. Estamos hablando de decenas de miles de millones de euros desviados de la Salud pública hacia el sector privado.
Ahora, en estos momentos, nadie defiende el sistema que nos ha metido de cabeza en la crisis. El neoliberalismo está proscrito, pero en cambio las recetas que se dispensan para resolver la situación son las mismas.
Y, aprovechando la crisis, toca ahora poner en cuestión el sistema de Salud, y lo hace el propio Gobierno. Pero como no se trata de resolver ningún problema y cuando tampoco se quiere ir al fondo de la cuestión, se recurre a los tópicos y se carga las culpas al consumo de medicamentos, por ejemplo. Se responsabiliza a médicos y a pacientes, a unos por medicarse y a otros por recetar. El planteamiento del Gobierno queda claro: «río revuelto» y ninguna solución.
