La independencia de Arenys

JOSÉ MANUEL PONTE En la tertulia del café se discute ardorosamente sobre el acuerdo del Ayuntamiento de Arenys de Munt de celebrar el 13 de septiembre una consulta popular sobre la independencia de Cataluña. La iniciativa acaba de ser suspendida por una juez de Barcelona, a instancia de la Abogacía del Estado, alegando que, además de afectar al mandato constitucional de mantener la unidad y la integridad de la nación española, podría tener un peligroso efecto multiplicador. A los tertulianos, la primera parte de la argumentación les parece impecable (si la Constitución dice eso mientras no se cambie hay que acatarla), pero la segunda les parece una ingenuidad política impropia de una resolución judicial.

Cualquier observador medianamente experimentado se da cuenta en seguida de que la consulta promovida por el Ayuntamiento de Arenys de Munt sobre la independencia de Cataluña forma parte de un programa de agitación y propaganda encaminado a enrarecer el ambiente en previsión de una sentencia adversa del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña. Sentencia, por otra parte, que no contentará nunca al sector más nacionalista, porque cualquier tacha que vaya un poco más allá de cambiar una coma de sitio será interpretada como una ofensa intolerable contra Cataluña y contra los catalanes.

Y por lo que respecta al efecto multiplicador que se intenta evitar, tenga por seguro la señora juez que ya estaba garantizado de antemano. Nada más conocerse la suspensión, otros 40 municipios catalanes se manifestaron a favor de convocar consultas parecidas.

El lío del Estatuto catalán (un texto infumable aprobado por la mayoría de los partidos catalanes, incluido el PP; cepillado luego a conciencia en el Congreso español mediante un pacto oportunista entre el PSOE y CiU, y luego sometido al dictamen de un Tribunal Constitucional en situación de interinidad prolongada) es un ejemplo palmario de inconsecuencia política y maniobrerismo de corto alcance .Y sus efectos pueden ser catastróficos. De una parte, resultaría absurdo que un pacto político aprobado en el Parlamento sea tumbado por un tribunal muy politizado en su composición por intereses partidarios, lo que consagraría una perversa judialización de la lucha por el poder. Y de otra, no conviene olvidar que el techo competencial del Estatuto catalán ha sido asimilado ya por otros estatutos como el valenciano y el andaluz, que fueron aprobados pacíficamente y sin tanto escándalo. La opinión de los tertulianos del café es que convendría definir, de una vez por todas, la estructura del Estado para no andar perdiendo el tiempo en estas bobadas.