La autoridad del profesor

CEFERINO MENÉNDEZ La decisión de la presidenta del gobierno de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre Gil de Biedma, de conferir la condición de autoridad a los profesores ha suscitado una interesante polémica.

No es necesario acudir a ese ejercicio de mentira matemática que, según algunos, supone la estadística para saber que la pérdida de autoridad de los profesores en las aulas es uno de los principales problemas que aquejan a nuestros sistemas educativos actuales.

Todos conocemos casos de profesores maltratados de palabra, e incluso de obra, o, sencillamente, ninguneados por sus alumnos o por los padres de éstos.

No hace falta, tampoco, ser un avezado sociólogo para saber que el prestigio social de que gozaban los maestros hace ochenta, cincuenta o tan sólo treinta años se ha visto gravemente deteriorado.

Distinguían los romanos entre la «auctoritas» (saber socialmente reconocido en definición del prestigioso iusromanista Álvaro d'Ors), y la «potestas» (poder socialmente reconocido).

Sabido es que la convivencia social se rige por normas, pero que ni es necesario ni conveniente que todas, ni siquiera la mayoría de esas normas, sean establecidas por el Estado. Una parte sustancial de esa convivencia se somete a reglas comúnmente admitidas que no necesitan ser publicadas en ningún boletín oficial. Así es y, a mi entender, así debe ser.

En un contexto en el que los estados europeos han acabado cayendo en lo que Carl Schmitt denominó el pasado siglo la «legislación motorizada», no está de más que de vez en cuando se suscite un debate público sobre los límites de actuación del Estado en su actividad creadora de normas.

Pues bien, la polémica sobre la conveniencia de conferir legalmente la condición de autoridad a los profesores debe, a mi entender, plantearse en esos términos.

Y para ello lo primero que debe hacerse es reconocer, «facta concludentia», la pérdida de la «auctoritas» del profesor en las aulas, dado que, obvio es decirlo, empeñarse en negar un problema existente es la mejor manera de convertirlo en irresoluble.

Pero restaurar la «auctoritas» de los profesores exige un largo camino de reconstrucción y recuperación de principios y valores sociales. Y, mientras tanto, esa falta de autoridad es causa directa de una indisciplina que impide el desarrollo de la actividad educativa en las condiciones adecuadas.

La relación ideal entre profesor y alumno exige el ejercicio de autoridad por el primero y el reconocimiento de esa autoridad por el segundo. Ese ideal demanda que el profesor enseñe valiéndose de la capacidad de persuasión que su autoridad le confiere.

La tentación está en sustituir la autoridad por la mera disciplina, sustituir la «auctoritas» por la «potestas», dotar al profesor de instrumentos coactivos que le permitan garantizar el buen orden en las aulas.

Pero, según los clásicos, «potestas» y «auctoritas» deben estar separadas precisamente porque sus funciones no sólo son distintas sino incompatibles. La «potestas» no puede sustituir a la «auctoritas».

Si tenemos claro que lo esencial en la educación es la autoridad del profesor, otorgarle el poder para imponer la mera disciplina no será suficiente, pero será seguramente útil, y por ello, teniendo en cuenta que la política es el arte de lo posible, reforzar los poderes coactivos del profesor supondrá una poderosa tentación para el gobernante.

Y, como dijo Oscar Wilde, la mejor manera de librarse de la tentación es caer en ella.