SILVINO LANTERO VALLINA
El Santo Padre, consciente de los fracasos de la comunidad internacional, especialmente en el campo de la paz y la seguridad de los pueblos, sin las que el desarrollo se vuelve imposible, retoma la propuesta de una «autoridad mundial» que ya hiciera el Beato Juan XXIII. Es uno de los puntos de la encíclica que conviene analizar para no confundir términos, como puedan ser la demanda de un Estado o Gobierno mundial que no son viables.
Veamos cómo aparecen en la encíclica los perfiles de esta propuesta: «Esta autoridad deberá estar regulada por el derecho, atenerse a los principios de subsidiariedad y de solidaridad, estar ordenada a la realización del bien común, comprometerse en la realización de un auténtico desarrollo humano integral inspirado en los valores de la caridad y la verdad. Dicha autoridad, además, deberá estar reconocida por todos, gozar de poder efectivo para garantizar a cada uno la seguridad, el cumplimiento de la justicia y el respeto de los derechos» (CV, 67).
En primer lugar, debe tenerse en cuenta que el derecho, en la doctrina social de la Iglesia, está referido básicamente a la ley universal y al derecho natural, que, de acuerdo con la ley de Moisés, contiene normas inmutables como no robar, no matar, no ser infiel al esposo o esposa, honrar a los padres, etcétera. Pío XII, que vivió los años terribles de la II Guerra Mundial, insistió en la relación entre moral y derecho y señaló que el derecho natural, como alma de ordenamiento, debe instaurarse en el plano nacional e internacional. En ese marco los derechos humanos básicos como la vida, la propiedad, la libertad y la búsqueda de la felicidad adquieren una gran importancia. La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 adquiere un significado positivo en este marco inspirado en los valores eje de esta encíclica, «Caritas in veritate», que son la caridad y la verdad. Si, por el contrario, los derechos humanos se basan en un individualismo hedonista y caprichoso, los derechos se anulan y pueden conducir al reinado de manipuladores y tiranos de nuevo cuño. De alguna manera, el Santo Padre advierte de esto cuando dice que «los derechos individuales, desvinculados de un conjunto de deberes que les dé un sentido profundo, se desquician y dan lugar a una espiral de exigencias prácticamente ilimitada y carente de criterios» (CV, 43).
Los objetivos de esta autoridad serían garantizar a cada uno la seguridad, el cumplimiento de la justicia y el respeto de los derechos. Son estas tareas las que corresponden a los Estados, pero pocos las cumplen. Aquí, en España, por ejemplo, no se respetan los derechos educativos ni las creencias de los padres de familia, ni tampoco la libertad de expresión en el ámbito de los medios de comunicación, sujetos a la censura del Gobierno y de las administraciones autonómicas. En otras naciones la situación es mucho más grave. Tiranos y bandas dominan, mediante la violencia generalizada, en amplias zonas de nuestro planeta.
No se trataría de eliminar de golpe, creo yo, los estados actuales, de ni fundar un utópico estado mundial que creara la paz perpetua, como pretendía Kant. El mal existe y existirá siempre en el más acá.
El principio de subsidiariedad no posibilita la creación de un Estado mundial. Esta autoridad sería más bien la confluencia de estados de derecho que reuniendo unos requisitos mínimos de respeto a derechos humanos puedan aunar fuerzas para, en primer lugar, establecer la seguridad y una Administración de justicia imparcial sujeta al derecho. Hasta ahora esto lo han hecho con mayor o menor fortuna los EE UU y la OTAN. Menos y con grandes fallos la ONU. Recuerden los casos de Ruanda y Bosnia. Por tanto, de acuerdo con el principio cristiano de legítima defensa o guerra justa, esta «autoridad mundial» integrada por estados con poderes proporcionales a lo que aporta cada uno tendría una fuerza militar que apoyaría la democracia liberal por todo el mundo, intervendría contra genocidas, a quienes desarmaría y llevaría ante un tribunal internacional. Casos como las matanzas del Sudán, el terrorismo de Hamas y Hezbolá, los secuestros en Colombia o la piratería en el Índico podrían ser evitados. La fuerza militar intervendría en casos muy extremos, agotadas las vías diplomáticas u otras. Ciertamente, la situación de postergación moral de las sociedades en Europa y, en parte EE UU, hoy con un líder frágil, hacen difícil esta confluencia entre miembros de la OTAN, del G-7 y de la Unión Europea.
El caso de España es ilustrativo. Dirigentes como Zapatero o Moratinos hacen bien visible el entreguismo y la falta de contundencia frente a amenazas como la dictadura chavista de Venezuela o los integristas islámicos que gobiernan Irán y financian a terroristas que operan en Palestina, Líbano y Europa. Las instituciones culturales y los medios televisivos no contribuyen al logro de la seguridad mundial.
Un proceso realista hacia el desarme comenzaría por evitar el flujo de armas de todo tipo hacia los estados fallidos, los señores de la guerra, y las mafias internacionales de traficantes.
Además, esta «autoridad» podría hacer un gran servicio protegiendo iniciativas sociales, pedagógicas y empresariales para contribuir al desarrollo integral. La formación ética de las nuevas generaciones ocuparía un papel central, y las misiones católicas serían claves en este proyecto mundial.
Las barreras aduaneras se eliminarían bajo la supervisión de esta «autoridad mundial», de manera que se fomentaran el libre comercio y la libre circulación de personas. El principio de subsidiariedad evitaría exportar formas periclitadas de ayudas y podría, tal vez, disminuir algunas de las perversiones político-burocráticas como las del Estado providencia, que anula la creatividad y el esfuerzo de la persona llevándolas a nuevas formas de dependencia y sometimiento.
De esa manera se podría avanzar hacia el logro del bien común mundial, no entendido en una línea marxista de lucha de clases o nacionalismo socialista de confrontación entre pueblos y razas que eliminen la libertad y la propiedad, sino en un recto entendimiento del bien común. Tal como lo define la doctrina social de la Iglesia: «Se entiende por bien común el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de su propia perfección».
