Los fondos mineros, en entredicho

José Ángel Fernández Villa, el líder del SOMA, sindicato socialista de la minería, no pudo ser más explícito y contundente durante la pasada fiesta de Rodiezmo. Advirtió allí de que los fondos mineros para reactivar las Cuencas «no han respondido a las expectativas» porque están «ralentizados», la utilización de los recursos «se está dilatando demasiado en el tiempo» y muchos proyectos tienen clamorosos fallos «por incompetencia técnica».

El asunto debería abochornar a más de uno y un poco de historia ayuda a comprenderlo. Los fondos mineros nacieron como una ayuda extraordinaria vinculada al Plan de la Minería para regenerar las cuencas carboneras. El Gobierno central se comprometió a invertir más de 6.000 millones de euros (en dos fases, entre 1998 y 2005, la primera, y entre 2006 y 2012, la segunda) con los que abordar obras, ayudas a empresas y planes de formación que transformaran por completo la economía de los municipios de toda España en reconversión minera. De esa gigantesca cantidad, casi el 50% como media (un poco más en la primera fase, un poco menos en la segunda) recae sobre Asturias.

La singularidad de una obra de los fondos mineros con respecto a cualquier otra que siga el proceso habitual es que tiene garantizada de antemano la financiación. En la tramitación normal de un proyecto, lo más difícil siempre es conseguir la inversión con la que realizarlo. En el caso de los fondos mineros, sucede al revés: lo que hay que tener son ideas a las que dedicar el dinero. El Tesoro Público ingresa religiosamente cada año al Instituto para la Reestructuración de las Comarcas Mineras -el organismo encargado de ejecutar el Plan de la Minería- las cantidades globales pactadas, con independencia de si están o no concretados los planes a los que irán destinadas.

En lo que se refiere a obras, una de las partes más sustanciosas de los fondos, hay proyectos que gestionan los concejos y otros de los que se hacen cargo las autonomías. Una Mesa Regional de la Minería, en la que están representados Gobierno regional, ayuntamientos mineros y sindicatos, es la que decide, en el caso asturiano, cuáles se acometen cada ejercicio. Su propuesta se somete a aprobación del Ministerio de Industria, y cuando recibe el visto bueno se firma un protocolo de intenciones. Posteriormente, hay que suscribir convenios para cada obra elegida y, a partir de ahí, el procedimiento sigue ya el cauce administrativo reglamentario: redacción de proyecto técnico, licitación, adjudicación, etcétera.

El problema es que, por falta de agilidad de unos y de otros, de rapidez para tener listos todos los trámites técnicos, por dejadez o por falta de un liderazgo claro que unifique criterios, este proceso se hace eterno. En la mayoría de las obras se emplean, desde que se aprueban hasta que se adjudican, más de tres años sólo en mover papeles. En tiempos de estrecheces y escasez este vicio es todavía más irritante. Así, una generosa inversión que debería llegar cuanto antes al territorio para cumplir su función dinamizadora en el nacimiento de nuevos puestos de trabajo que sustituyan a los mineros se demora durante años y años sin ninguna explicación coherente, salvo la incapacidad que evidencian nuestros gobernantes para manejar un río de dinero y hallar un mar de alternativas hacia el que con velocidad encauzarlo.

El consejero de Industria asturiano admitió en la Junta que, hasta 2007, el Principado tenía 517 millones de euros sin ejecutar de los fondos mineros. A esa cantidad habría que sumarle las anualidades regionales de 2008 y 2009, de las que ya dispone el Instituto para la Reestructuración de las Comarcas Mineras, pero que todavía carecen de destino, y el dinero que tienen retrasado los ayuntamientos. Estaríamos hablando, pues, de unos 800 millones de euros -más de 1.000 millones, según las cuentas de la oposición- en expectativa de destino por problemas burocráticos relacionados con la larguísima tramitación de los proyectos. Ochocientos millones es casi tanto como toda la inversión estatal prevista para Asturias en el próximo Presupuesto.

Hemos pasado de una celeridad casi suicida en el principio de los fondos mineros a la parsimonia más absoluta, que ha terminado por desvanecer las ilusiones iniciales. Con todo, es indudable que esta riada de dinero cambió la fachada de las Cuencas y ha cortado temporalmente su tendencia declinante. Han ganado en servicios, estética, calidad de vida y comunicaciones. Pero la revitalización económica, el gran objetivo, sigue pendiente. El desempleo es similar al de los años más duros de la reconversión. El éxodo no se frena. El paro juvenil es de los mayores de Asturias.

Los fondos mineros expiran en 2012. A este ritmo, a saber cuándo se acaba de invertir lo comprometido, eso si antes no surgen problemas porque la Administración pagadora se plantee de súbito cerrar el grifo. Dentro de muy poco habrá que preguntarse, a modo de examen final, por el verdadero rendimiento obtenido. Si bien ya es demasiado tarde para reorientar su aplicación, para hacer cosas distintas, al menos hay tiempo de enmendar el desbarajuste administrativo en el que están cayendo. Con la crisis es más necesario que nunca que ese dinero llegue con rapidez a las comarcas mineras.