Hoy, 5 de octubre celebramos el «Día mundial de la arquitectura», bajo el lema «El dinamismo del arquitecto frente a las crisis globales».

Tal como se manifiesta en la declaración del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, los arquitectos nos enfrentamos a la crisis con la energía de sabernos responsables del tiempo que viene y con el conocimiento que da el saber que somos los diseñadores del espacio habitable.

La arquitectura es una disciplina enmarcada en el ámbito de las ciencias, y es también una de las bellas artes. Y para ejercerla hay que tener en consideración leyes y normas pertenecientes al ámbito jurídico y de las letras. Comprende actuaciones tan diversas como la edificación, el urbanismo y las valoraciones. Se necesita el buen conocimiento de las estructuras y de un número cada vez mayor de instalaciones. Requiere habilidades que van del dibujo a la redacción de textos, pasando por un sinfín de aplicaciones informáticas.

Hablamos de arquitectura, de la construcción de la ciudad, de la ordenación del territorio.

De los éxitos de la arquitectura y de los arquitectos españoles en el mundo dan cuenta los múltiples premios internacionales y encargos profesionales que reciben desde fuera de nuestras fronteras. Sin embargo, ese éxito aplaudido por todos no puede ocultarnos o enmascarar la otra realidad, la de más de 50.000 arquitectos en toda España que se enfrentan a una profunda crisis económica que pone en peligro la supervivencia de sus empresas (los estudios de arquitectura), la mayoría modestos en su estructura pero perfectamente facultados para la redacción de proyectos de gran calidad arquitectónica, respondiendo a la cada vez mayor complejidad, involucrándose en una formación permanente, introduciendo nuevas formas de colaboración entre arquitectos y con otros profesionales especialistas, logrando una combinación de escalas que nos permiten abordar proyectos de máximo nivel.

Sin embargo, parece que algunos quieren aprovecharse de ello para convertir la arquitectura en un proceso más del mercado, vinculado a la economía más que a ningún otro criterio, y relegando la valoración de la calidad arquitectónica. De este modo, un arte que puede llegar a ser poesía se considera solamente como un factor productivo y un mero dato estadístico en el currículum de algunos políticos.

Desde todos los niveles de la Administración y todas las fuerzas políticas de distinto signo presentes en ellos se ponen trabas a la libre circulación de las ideas, de las ideas arquitectónicas, que se fiscalizan con procesos burocráticos arbitrarios que supuestamente pretenden ser objetivos pero que no buscan más que la mejor opción económica. Y cuando se animan a seguir procedimientos en los que se permita valorar ideas o soluciones arquitectónicas, como la contratación mediante concursos de arquitectura, van al límite de la legalidad -en el mejor de los casos- dejando la calidad en un segundo plano.

El encargo de proyectos de arquitectura y urbanismo por parte de la Administración debe atenerse a unas condiciones específicas perfectamente compatibles con el marco legal general: deben eliminarse trabas y restricciones que impiden o limitan la concurrencia de un mayor número de arquitectos; prever unos plazos adecuados para presentar propuestas y desarrollar los trabajos con el necesario análisis y rigor; valorar adecuadamente la calidad de las propuestas arquitectónicas y el trabajo que implica su elaboración? En definitiva, considerar que se trata de encargar un trabajo arquitectónico en todas sus facetas, y no un suministro o una ejecución de obras.

Como también se señala en el manifiesto del Consejo Superior, los arquitectos españoles estamos a favor de afrontar la crisis desde el cambio, pero un cambio hacia la mejora en la calidad, belleza y tecnología de las arquitecturas que abogan por las dinámicas de sostenibilidad, la inclusión social, etcétera.

En definitiva, el camino hacia la excelencia, la innovación? Pero la excelencia no se impone, se alcanza. Se llega a ella trabajando en todos los frentes; no sólo legislándola, sino poniendo los medios necesarios a disposición de la sociedad. Las administraciones deben poner los medios para que se desarrolle de una forma lógica, empezando por ayudas a la formación, al desarrollo de metodologías y a la aplicación práctica, incidiendo más en el concepto que en la mera aplicación de unas normas concretas; normas que, una vez más, son redactadas ignorando los conceptos esenciales de la arquitectura y del urbanismo, que se generan a golpe de influencias e intereses comerciales y conceptos supuestamente técnicos, pese a que los arquitectos han ofrecido el apoyo necesario para evitarlo.

A la salida de la crisis, que según se deduce habrá sido sólo financiera y económica, ¿con qué nos encontraremos? ¿Con un mercado aún más liberalizado que todo lo resuelve? La oferta se ajustará a la demanda y así la capacidad de destrucción disminuirá, pensarán algunos; es decir, parece que tendremos resuelto el problema de la cantidad, del «cuánto», pero, ¿tenemos resuelto el de la calidad, el del «cómo»? ¿No es ahora cuando habría que estar trabajando en esto? ¿No es ahora el momento de preparar el futuro que se presenta incierto pero que suponíamos distinto? ¿Qué debate público se incentiva y se provoca desde las instituciones públicas?

El debate político -seguimos hablando de ordenación del territorio, de la construcción de la ciudad, de arquitectura- no refleja hoy nuestras preocupaciones, atiende principalmente a intereses partidistas. ¿Cuál es la contribución de los partidos políticos a la educación, a la difusión del conocimiento de estas materias en nuestra sociedad regional?

Los arquitectos y sus instituciones colegiales también nos sentimos responsables de esta situación, pero reclamamos un marco en el que trabajar dignamente contribuyendo a encontrar las respuestas. A pesar de todo, hoy es un día de celebración: la arquitectura española disfruta de buena salud y proyección en el mundo, pero no tanto los arquitectos y sus empresas.