XUAN XOSÉ SÁNCHEZ VICENTE
En memoria de mi apreciado Javier Fortea
Últimos datos de que dispongo. Establecimiento hostelero. Petición de solicitantes de empleo. El Inem anuncia que manda 45, llegan 27, 25 manifiestan no querer el empleo. Taller de coches: comparecientes, 13, ninguno de ellos acepta el trabajo.
Datos semejantes que pueden obtenerse en cualquier parte de España llevan a una evidencia: bajo la rúbrica de «trabajador parado» se engloban diversas situaciones que, a mi entender, deberíamos desovillar, si es que queremos atender adecuadamente los casos más dificultosos y, al mismo tiempo, mejorar algunos parámetros de la economía general.
Según mi punto de vista, el concepto de «parado» engloba, al menos, cuatro condiciones distintas: a) el «parado-parado», el que necesita trabajar, busca empleo y no lo halla, b) el «parado condicional», que no desea trabajar hasta agotar su prestación de desempleo o, al menos, hasta encontrar una oferta de trabajo cuya retribución compense suficientemente abandonar el paro, mientras se tiene, c) el «parado-asistencial», un número no pequeño de ciudadanos que ya han hecho su vida a vivir de prestaciones sociales (ellos, sus hijos, sus familiares) de varias instituciones, y cuya recuperación para el mundo del trabajo es muy difícil, d) el «parado-activo» o «parado-chollista», que compagina el cobro del paro con la realización de trabajos en la economía sumergida, a veces en connivencia con la empresa que formalizó su despedido.
Es obvio que la valoración discriminada de estos tipos de paro podría llevar a tratamientos disímiles y más justos de los mismos. Es evidente también que, mientras sobre el «parado condicional» no cabe más que algún tipo de consideración moral, sobre los tipos c) y d) cabe otro tipo de juicios. ¿Cuántos son unos y otros? No tengo datos para saberlo, ni nadie los tiene. ¿Un cinco, un diez, un quince por ciento del total de parados? ¿Más? Lo que sí es cierto, a juzgar por indicios verosímiles, es que son unos cuantos miles.
Conviene decir, ante todo, que el sufragio de estos parados irregulares o fraudulentos no recae sobre ese «ningún» llamado Estado, ni únicamente sobre el 43% de Ignacio Goirigolzarri: recae sobre el pan que compra la viuda con una pensión inferior a los 500 euros o sobre el trabajador o trabajadora que recibe menos de 800 por acudir a su empleo durante 8 o 10 horas y que luego, a lo mejor, se sienta a tomar una cerveza en el asiento de al lado de quien vive a su costa.
Pero es que, además, todo ese fraude -y especialmente el fraude que une desempleo y trabajo no declarado- tiene efectos nocivos sobre la economía: de un lado, sobre disminuir la recaudación tributaria, hace crecer el déficit y obliga a aumentar la deuda y los impuestos, con su corolario de destrucción de empleo, y, en el futuro, encarecimiento del dinero y, eventualmente, inflación. De otro, establece una competencia feroz con los autónomos y las pequeñas empresas, con efectos deletéreos sobre su supervivencia. Es seguro que un porcentaje del altísimo número de pequeñas empresas cerradas durante estos años y de autónomos que se han dado de baja como cotizantes tiene su causa en la competencia imbatible que representan quienes pueden concurrir a realizar obras de cuyo presupuesto se pueden detraer las cotizaciones y los impuestos, y que gozan, además, de un colchón que es el cobro del paro.
¿Se puede mejorar -no digo arreglar- esta situación? Sin duda, basta con un mayor control. ¿Se va a afrontar la cuestión? Sospecho que no. El conglomerado socialmente dominante tiene claro que posee ahí una fuente importante de votos y que, al mismo tiempo, los principales perjudicados (los trabajadores activos, fundamentalmente) no harán visible su malestar, aunque sean consciente de esa realidad fraudulenta, bien por una solidaridad mal entendida, bien por ser rehenes de un determinado discurso que no es sino un constructo de mala conciencia que el poder aprovecha.
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