El Ayuntamiento de Gijón se dispone a aprobar las tasas, impuestos y precios públicos que regirán en 2010, y lo anunciado hasta la fecha apunta a cierta contención en lo que los gijoneses tendrán que pagar a las arcas municipales. Comparada con la fuerte subida de impuestos que se experimentó en este 2009 (de una media del cinco por ciento en muchos conceptos), la presión fiscal municipal del año próximo será menor, aunque ello es sólo relativo, ya que los impuestos estatales sobre el IVA y el ahorro de las familias sufrirán subidas importantes.
La anunciada congelación de impuestos municipal es también relativa en el sentido de que el Ayuntamiento reducirá el coeficiente del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), ya que como los valores catastrales sufrirán la preceptiva subida anual, los gijoneses pagarán un poco más por sus inmuebles y fincas, del orden de una media de 12 euros más al año. No debe olvidarse que a través del IBI el Ayuntamiento recibe la cuarta parte de sus ingresos corrientes, unos 48 millones de euros.
El Ayuntamiento gijonés, como el de Avilés, ha optado por no apretar aún más el maltrecho bolsillo de unos ciudadanos acuciados por la crisis, al contrario que su vecino de Oviedo, donde el PP ha propuesto una subida media de las tasas del 3 por ciento que llega incluso a un escandaloso 7 por ciento en el caso de la grúa.
Todo esto sucede en una época de merma en la recaudación de los impuestos estatales, autonómicos y locales a causa de la crisis económica, circunstancia que repercute triplemente sobre los ayuntamientos. Aparte de su recaudación específica, los municipios han de recibir recursos de los ingresos del Estado y también deberían hacerlo de los ingresos de las comunidades autónomas, por mandato constitucional, aunque esto último se sigue incumplido 30 años después de la aprobación de la Constitución.
En consecuencia, los ayuntamientos han pedido al Gobierno poder endeudarse hasta un 130 por ciento, o que no se les aplique con rigidez la norma de estabilidad presupuestaria. También han solicitado que del nuevo Fondo de Inversión Local para 2010, de 5.000 millones de euros, se pueda emplear el 60 por ciento del dinero en gastos sociales y educativos.
Los ayuntamientos, y particularmente el de Gijón, tratan de mantener sus ingresos o compensar por otras vías las previsibles disminuciones recaudatorias, pero su mensaje hasta el presente no ha sido claro acerca de cómo aplicar criterios de austeridad, cómo disminuir el gasto superfluo o como aplicar políticas de ahorro en tiempos de crisis. Cuando sucede que la mayoría de los ciudadanos se aprieta el cinturón, el Ayuntamiento que les gobierna, la administración más próxima a ellos, debería dar muestras de sensatez y de responsabilidad ante una situación económica cada vez más precaria para muchas familias.
