ANTONIO CASADO
Ya tiene doctrina oficial el PP para abrirse paso entre la lluvia de reproches que le están cayendo encima por el llamado «caso Gürtel» y su forma de gestionar las consecuencias. Consiste en considerar al partido la primera víctima. Por un lado, del Gobierno y la Fiscalía General del Estado, lo cual reproduce la delatora manía de arremeter contra el mensajero, algo tan burdo que no vale la pena ni comentarlo. Y por otro, de un grupo de sinvergüenzas que montaron una trama corrupta que se aprovechó del PP.
Conviene detenerse en esta segunda parte del discurso, la referida a quienes se sirvieron del partido. Desde fuera y desde dentro, propios y ajenos. Ésa es la clave. Los sinvergüenzas de fuera necesitaron para funcionar a los de dentro, algunos de los cuales ocupan u ocuparon cargos relevantes en el tejido orgánico o en el institucional. Es decir, estos sinvergüenzas actuaron como colaboradores necesarios de aquellos.
Nada puede hacer la dirección nacional del PP contra Francisco Correa, el tal Álvaro Pérez («el Bigotes») y otros. Se movían como pez en el agua en los dominios del PP, pero no pertenecen a su estructura organizativa. Sus dirigentes pueden personarse como acusación particular en las causas abiertas contra aquéllos por distintos supuestos delictivos. Nada más.
En cambio, sí pueden hacer muchas cosas los dirigentes del PP, a escala nacional y a escala autonómica, para poner fuera de la circulación de la política, que es un ámbito practicado por una mayoría de gente decente, a quienes utilizan la excusa del servicio a los intereses generales como palanca de enriquecimiento personal. No se les exige hacer méritos para ganar el premio Nobel de la Paz, como Barack Obama, pero sí que traten de ser ejemplares en el ejercicio de una actividad voluntaria y que se supone vocacional.
Bajo esa luz y en ese contexto hemos de valorar la conducta de los tres líderes del PP más concernidos por el escándalo: cohecho, financiación ilegal, manejo de dinero negro, falsedad contable y un obsceno amontonamiento de lo público con lo privado. Rajoy, Francisco Camps y Esperanza Aguirre no pueden mirar hacia otro lado. Sólo la tercera, en un destacable gesto de profesionalidad, ha demostrado con hechos una clara apuesta por la decencia en la vida política, al promover la exclusión de tres parlamentarios autonómicos y dos concejales (ex alcaldes ambos). Algunos, criaturas políticas de la propia Aguirre. Dicho sea a su favor, porque, a pesar de ello, no le ha temblado la mano al poner en fuga a esos cinco imputados del tramo madrileño.
Seguimos a la espera de decisiones similares en los respectivos ámbitos de competencia de Mariano Rajoy, el nacional, y de Francisco Camps, el valenciano, más allá de las palabras y de los ambiguos anuncios de que se actuará contra sinvergüenzas propios.
