Vivimos tiempos convulsos en los que parece imposible mantener debates serenos y educados sobre los asuntos que preocupan a los ciudadanos. No sé si es la crisis, el cambio climático o la órbita de Saturno, pero el caso es que cualquiera que pretenda exponer públicamente sus ideas y opiniones respecto a temas «sensibles» se arriesga a ser descalificado de malas formas por alguien que no comparta sus opiniones, sin entrar al meollo de la cuestión. Así, quien duda de la constitucionalidad del Estatuto de Autonomía de Cataluña es automáticamente anticatalán, al que no le gusta el «blindaje» del concierto vasco es un nacionalista español irredento y quien osa defender la necesidad de cambios en el sistema fiscal es un peligroso agente al servicio de no se sabe bien qué oscuros intereses. En suma, caminamos peligrosamente hacia un estado de trincheras en el que «o estás conmigo o estás contra mí» y o defendemos como un solo hombre las posiciones de la tribu o resultamos sospechosos y poco de fiar.

Lamentablemente, este clima extraño hace tiempo que se ha instalado en una institución como la Universidad que pasa por ser el templo de la sabiduría, el debate abierto y la cuna del progreso. Viene esto a cuento del texto con el que mi amigo y distinguido colega, el decano de la Facultad de Derecho, pretende replicar mis opiniones vertidas en el artículo «A Bolonia por vía estrecha» publicado el pasado 11 de octubre en las páginas de LA NUEVA ESPAÑA y en el que sin entrar a rebatir ninguno de mis argumentos de fondo se despacha con un conjunto de descalificaciones «ad hominem» impropias de un sereno debate universitario. Sabedor como soy del gusto de mi distinguido colega por las polémicas periodísticas, anticipo que lo último que quiero es un debate público entre dos personas que, por otra parte, nos conocemos hace tiempo y sabemos de nuestras discrepancias, por lo que ésta será la última vez que escriba un artículo de réplica. Si algo pretendía con mi artículo mencionado era abrir el abanico de opiniones y poner por delante las mías en un asunto que creo que preocupa a los asturianos en general (no sólo a los universitarios), en tanto que son padres y madres de futuros universitarios, profesionales que ejercen en la región, empresarios que algún día contratarán a nuestros egresados o, en fin, miembros, en general, de la sociedad en la que vivimos y para la que deseamos un futuro mejor. Es por ello que las ideas contenidas en mi artículo pretendían abarcar mucho más que la reforma de un plan de estudios de una titulación concreta, por importante que ésta sea. De hecho, mis opiniones, que por supuesto mantengo, manifestaban un profundo desacuerdo con el camino emprendido (democráticamente, por supuesto) en la reforma de las titulaciones en el ámbito de las ciencias sociales, sobre la base de argumentos que no voy a reiterar, pero que creo son compartidos por un conjunto no despreciable de colegas. Sin embargo, el profesor Durán interpretó el artículo como un ataque frontal a «su» titulación y, en lugar de ofrecer contraargumentos, esparce tinta de calamar, embarra el terreno de juego y se dedica a la descalificación personal. Como me repugna la táctica del «y tú más» y, a estas alturas, no quiero ni confundir a eventuales lectores poco informados, ni excitar el morbo de colegas ociosos, simplemente voy a responderle con toda amabilidad y, como decía otro, sin acritud a tres insidias que ha deslizado en su texto, que creo honestamente no venían a cuento.

Se remonta el profesor Durán a la reforma del plan de estudios de 1953 y me atribuye una participación activa en la elaboración de la fracasada reforma. Ciertamente yo era vicedecano de la Facultad en la que se impartía «su» titulación en aquel entonces (por lo que se ve no la mía) y como tal, solidario con la política de gobierno del centro, pero de ahí a destacar mi influencia activa en la reforma va un gran trecho que todos los miembros de «su» Facultad de la época conocen bien. Resulta cuanto menos extraño que me atribuya tanto poder en el diseño de una titulación que a su juicio no es la mía, cuando él siempre aparece parapetado bajo órganos impersonales como la Conferencia de Decanos de Derecho o los órganos consultivos y de gobierno de «su» Facultad. Parecen ser ellos los que proponen y nuestro (con perdón) amable decano sólo actúa de brazo ejecutor. Si le sirve, le diré que no me siento especialmente orgulloso de la reforma de aquel plan, si bien sería largo discutir las razones del fracaso. Si releyera mi artículo del día 11 con mente abierta, a lo mejor encontraba argumentos que le pudieran ayudar a comprender alguna de esas razones.

Por otra parte, el profesor Durán mezcla churras con merinas para justificar lo injustificable (la presencia en «su» plan de estudios de la asignatura de Economía y Contabilidad). Habla de «mestizaje», se refiere a presuntas asignaturas del mismo nombre en nuestra Universidad que sólo existen en su imaginación y me atribuye precisamente a mí una actitud corporativista en este asunto, desembocando al final en la aplicación de una muy legal Ley del Embudo. Mire usted, señor Durán, yo soy profesor de Hacienda Pública, disciplina que, como usted, tan respetuoso con la tradición de «su» centro conoce, figuró siempre en «los planes de estudios de una enorme y exitosa trayectoria histórica» (Durán dixit) y que en Asturias han impartido personas como Leopoldo Alas, «Clarín», Fermín Canella o Teodoro López-Cuesta. Sin embargo, no podrá usted encontrar en mi artículo del día 11 ninguna referencia reivindicativa a esta disciplina, ni encontrará queja explícita alguna por la supresión de algo con tanta tradición, más allá de que sea plenamente conocedor de mi posición al respecto. De modo que haga el favor de enfocar bien su punto de mira y llamarme cualquier cosa menos corporativista, cuando en este asunto para buscar corporativismos debería mirar para otro lado.

Finalmente, el profesor Durán, con su particular concepción de la democracia, llega a decir que «más que apelar al principio de autoridad (yo esgrimo) uno de autoritarismo», porque me atrevo a sugerir que órganos competentes en la materia y tan antidemocráticos, a su modo de ver, como el Consejo de Gobierno de la Universidad, el Gobierno del Principado o la ANECA pudieran corregir, si lo estiman oportuno, determinados desatinos (en mi poco cualificada opinión, por supuesto) en los que pudieran haber incurrido otros órganos (ciertamente democráticos) como las Juntas de Facultad o de Escuela de centros diversos (no sólo el «suyo»), si bien intuyo que esta corrección no se va a producir. Como acertadamente indica el profesor Durán, estudié escaso Derecho en mi Licenciatura. Creo que debería haber más y enriquecería la formación de los economistas saber más de Leyes, pero entre lo poco que creo haber aprendido está que la democracia se basa en la soberanía popular, no en los votos cualificados de los más sabios, y hasta donde alcanzo a comprender esta idea casa mal con la autorregulación corporativa, salvo que volvamos a los tiempos de la democracia orgánica y en consecuencia me parece mal traída a este respecto su referencia a la lealtad institucional, concepto éste que nada tiene que ver con lo sometido a este debate.

Para terminar, simplemente quiero ahondar en lo que me parece el núcleo del debate, que por supuesto el profesor Durán obvia permanentemente. La nueva estructura de los planes de estudios reclama versatilidad y complementariedad. Yo también quiero aire puro, respeto el criterio de mis colegas y no desdeño la pura lana virgen, pero hay quien se mata consumiendo cocaína pura. Si uno mira los nuevos planes de estudios, en nuestra Universidad (sin necesidad de ir más lejos), de las llamadas «ciencias duras» encuentra asignaturas de Física, Química, Biología o Geología en el primer año del grado de cualquiera de ellas, no ve más purezas de las necesarias. Afirmar como hace el profesor Durán que será en el posgrado donde «sus» estudiantes encontrarán la especialización, sugiriendo que ahí se perderá la «pureza» del grado en Derecho es dar una señal falsa a los alumnos. Ninguna Facultad de Ciencias Sociales (que no sea Derecho) puede proponer posgrados específicos para estudiantes de Derecho. No cabe esperar posgrados oficiales en Dirección de Empresas o en Economía donde haya que empezar por explicar los rudimentos de las materias, puesto que eso sí que atentaría contra cualquier lógica de la especialización. A mi juicio, los grados deberían ser pocos, generalistas y versátiles y los posgrados más numerosos y especializados. En los tiempos de Google no deberíamos aspirar a llenar la cabeza de nuestros estudiantes de muchos conocimientos memorísticos, sino de pocos conceptos claros y mejores formas de razonar y buscar información. Lamentablemente, creo que desaprovecharemos una nueva oportunidad histórica.