¿Trabajan los legisladores todo lo necesario?

FERNANDO JÁUREGUI Corrupción en los ayuntamientos? ¿Corrupción en los partidos? ¿Vacíos jurídicos que posibilitan fraudes de ley? ¿Existe en España la suficiente seguridad jurídica? La solución es cambiar algunas leyes, que es algo que se va haciendo urgente en según qué casos. Lo ocurrido en El Ejido, donde el Alcalde, parte de la Corporación municipal y otras quince personas relacionas con empresas contratistas con el Ayuntamiento de esa localidad han sido detenidos por corrupción, no es, lamentablemente, ni nuevo ni un hecho aislado. El regidor, Juan Enciso, que llevaba veinte años sentado en el sillón municipal, pertenecía a una formación política denominada Partido de Almería, que «ayudó» primero al PP, luego al PSOE, a ganar las elecciones y dominar en la Casa Consistorial, donde, sin embargo, el único que ordena(ba) y manda(ba) era el señor Enciso.

Con excesiva frecuencia comprobamos en la política autonómica y, sobre todo, municipal, el surgimiento de «partiditos» que acuden presurosos en socorro del vencedor, de manera casi siempre no desinteresada: la concejalía de Urbanismo ha sido, tradicionalmente, el pago más reclamado -vaya usted a saber por qué- por el apoyo a uno de los grandes partidos para que pueda formar gobierno. Lo de El Ejido es clamoroso, pero ya digo que hay otros muchos ejemplos más... discretos, vamos a decirlo así.

¿Cuántas veces ha escuchado usted a los dirigentes de los grandes partidos que hay que cambiar la normativa electoral en lo que se refiere a las elecciones locales, para garantizar que gobernará el más votado y evitar estas situaciones de chantaje a cargo de los aspirantes a «bisagra» y a (des)ordenar el urbanismo de la ciudad de que se trate? Por lo menos habrá oído las proclamas de que es necesario cambiar la legislación electoral sobre ese particular al menos tantas veces como cuando dicen que habría que modificarla también para de desbloquear las listas electorales. Y nada: ahí seguimos. Como ahí siguen las lagunas en lo referente a la financiación de los partidos, que es cuestión denunciada año tras año por el Tribunal de Cuentas en sus informes, sin que a nadie se le mueva por ello un solo pelo.

Cambiar las leyes. Es una recomendación muy atinada cuando esas leyes ya no sirven -o cuando jamás se han aplicado, porque nunca han servido-. La sociedad debería conmocionarse cuando el juez que entiende en el «caso Millet» -un desvío de fondos que puede ascender a bastantes millones de euros- dice públicamente que la ley «no permite» aplicar prisión preventiva al que fuera presidente de la sociedad del Liceo barcelonés. O cuando los primos «Albertos», que se salvaron de una dura condena porque su delito prescribió en condiciones cuando menos sorprendentes, se atreven ahora a solicitar una indemnización millonaria al Estado por los perjuicios que han sufrido.

Las cañerías del Estado no se arreglan solamente a base de eventuales reformas constitucionales -que se van haciendo ya imprescindibles, en mi opinión- ni a la espera de lo que los magistrados digan sobre el Estatut. Ni esas cañerías se estropean solamente cuando algún juez instructor de la Audiencia Nacional decide hacer los titulares de los periódicos con sus decisiones. Hay más, mucho más: ocurre que hay leyes que ya no sirven, como hay parcelas de la vida cotidiana que están apenas reguladas (pienso en los vacíos en internet, que propician tantos abusos y desmanes).

Y es que, desafortunadamente, la actividad parlamentaria es, en España, relativamente escasa, como escasa es la iniciativa de las formaciones políticas a la hora de plantear novedades en una legislación que siempre va por detrás de la realidad, pero que jamás debe ir tan rezagada como va actualmente en muchas materias. La situación, con tantas normas obsoletas, con la disparidad de aplicaciones, se va haciendo compleja, enrareciéndose. Peligrosa, en suma.