JAVIER MORÁN
Desconocemos el grado de heroicidad de cada parte en el acuerdo entre el Principado y los constructores de la CAC para poner en venta 1.000 viviendas de precio libre a coste de vivienda protegida, es decir, mediante las ayudas que la Administración ofrece a los compradores de pisos protegidos.
Hace meses que un acuerdo similar no fue posible porque la Consejería de Vivienda exprimía los precios, es decir, obligaba a los promotores a bajar las tarifas más de lo que éstos estaban dispuestos a aceptar. En el presente parece haberse llegado a una entente bajo la premisa de que esto ha de suceder ahora o nunca. O sea, que esos mil pisos o bien se ponen en este momento en venta a ese precio moderadamente rebajado o bien habrá que venderlos en el futuro a un precio mucho más bajo.
Seamos honestos. El precio de la vivienda nueva desciende paulatinamente, y tal vez menos en Asturias porque el «stock» de pisos es muy inferior al de otras zonas de España, caso del Levante. Pero baja, y lo hace a pesar de que los promotores lanzan sus mensajes de que no lo hace. Sin embargo, el olfato del ciudadano percibe perfectamente lo que sucede, que es lo contrario de lo que acaecía durante los tiempos de la «burbuja inmobiliaria», cuando el frenesí era tal que el comprador sabía que si no compraba hoy lo haría mañana por un precio superior. Hoy, con la dinámica de compras en el sentido inverso -intuye el ciudadano que esperar es sinónimo de encontrar mejores precios-, nos encontramos con que el Principado coloca una red de protección para hacer más lento el desinflado de la burbuja.
Sólo se nos ocurre un motivo para tal modo de proceder: el ajuste de la economía española, hija principalmente del ladrillo -hasta que llegue el cambio de modelo prometido por Zapatero-, depende de que la construcción se recupere. Por eso decimos que no podemos aquilatar quiénes son los héroes de este acuerdo: si el Principado, metido a agente de ventas, o los constructores, que tanto desean vender para después ponerse a levantar el país.
