VICTORIA LAFORA
Cuanto más se alegra un partido político de que su contrincante sea pillado en el fango de la corrupción más crece, en paralelo, la decepción del ciudadano ante el lodazal en el que se ha convertido la vida pública española.
Pero esta plaga de mugre que afecta a todos, sin excepción y sin enmienda, sólo provoca sonrojo, si es que este sentimiento todavía existe entre la clase política, cuando toca a uno de los suyos. Si el pillado es del partido contrario, la primera reacción es un suspiro de alivio. A continuación se planifica una batería de reproches, de cara a la galería, y, por último, la carcajada en privado.
Ahora le ha tocado a distinguidos próceres de Convergencia y Unió. La formación se ha apresurado a blandir la vieja cantinela de la presunción de inocencia, de su temor a los juicios mediáticos, etcétera. No sería de extrañar que, de seguir la instrucción adelante y quedarse cortos o insuficientes estos argumentos para proteger a dos personajes tan cercanos a Pujol, se recurriera a otra «canción» ya conocida: «Están atacando a Cataluña». Es decir, sacar las viejas armas del nacionalismo para salvar a los presuntos corruptos. No sería la primera vez.
En cuanto al PSC, habría que recordarles que en política no vale amagar. Que si se lanza una acusación tan grave como la que hizo Maragall sobre las comisiones del tres por ciento a Artur Mas, luego no se retira ante una amenaza de que no se va a apoyar la reforma del Estatuto. O hay corrupción o no la hay. Porque de aquellos polvos vinieron estos lodos. Resulta que para llevárselo, según se ha descubierto ayer, CIU y PSC trabajaban en equipo, unos recalificaban y cobraban, y los otros, lo blanqueaban en paraísos fiscales. ¿Cómo se iban a denunciar los unos a los otros si eran socios?
Se dice que los socialistas catalanes han actuado con celeridad, que han apartado a los presuntos, es decir, el alcalde de Santa Coloma y a los otros cargos de la militancia. No tiene ningún mérito. Es lo que hay que hacer. Así podrán defenderse, si es que son ajenos a la cuestión, y volver si se demuestra que nada tienen que ver con la causa. Pero un alcalde no puede ejercer desde el calabozo. Por ética.
Esta «comandita» entre partidos eleva un rango más la desconfianza de los electores hacia sus representantes. No son capaces de acordar planes para salir de la recesión, pero sí encuentran una vía para robar juntos. Ha llegado el momento de la regeneración democrática.
