MARIBEL LUGILDE
Me alarma el concepto de «alarma social». Una expresión comodín que ha sido rápidamente adoptada por nuestra cultura de lo políticamente correcto y en cuyo nombre se hacen juicios alegres y se toman decisiones fronterizas. Así que espero no ser víctima de la alarma social cuando me pongo alerta ante la noticia de que tres altos cargos del Principado han sido llamados a declarar como imputados por supuestas irregularidades en la adjudicación del proyecto de minipisos en La Laboral, además de la ex gerente de Vipasa y los arquitectos beneficiados por la adjudicación.
Los minipisos son las famosas «unidades habitacionales» de la ex ministra Trujillo, una propuesta acertada y muy digna para los jóvenes con deseos de emanciparse y que sin embargo sufrió la mofa de media España y el desdén incomprensible de la otra media.
El único error de la desafortunada Ministra en este proyecto fue hacerle caso al asesor -claramente trabajaba para el enemigo- que le sugirió la denominación. Pudo ser peor porque al principio se hablaba de «soluciones habitacionales». Mal recuperada de aquel pasmo llegó la puntilla de las mujeres «cilindro, diábolo y campana», y aún lo estoy digiriendo. El título de ambas historias podría ser «Cómo convertir una iniciativa provechosa en una chufla digna de la Rúe del Percebe» ¿Es que la lengua de Cervantes no da para algo a medio camino entre la originalidad y la mesura?
De aquellos minipisos vienen estas sospechas de adjudicación a dedo y por encima del precio acordado. Ojalá la justicia aclare los hechos, dirima responsabilidades, sancione a los culpables y avise a los navegantes de lo público sobre cómo han de conducirse para ser honrados y parecerlo, porque a ambas cosas están obligados al mismo tiempo.
Dicen las organizaciones y expertos estudiosos de la pulsión corrupta que España ha bajado enteros en el ranking de transparencia administrativa -es la peor parada de Europa a excepción de Portugal- por culpa de la corrupción asociada al mercado inmobiliario. Sin embargo, añaden, nuestro país no destaca por la capacidad de corromper del sector privado sino que las culpas están muy repartidas entre quienes tientan y quienes se dejan tentar. Quizás, a ratos, hasta se intercambien los papeles. Por último, hay más estudios que ilustran hasta qué punto la corrupción frena la productividad de un país.
Para torcer esta tendencia a la caída libre en manos del dinero fácil, los expertos sugieren un modelo de gestión de lo público en el que no se atomicen las administraciones, se limite la designación a dedo de altos cargos y se ponga fin al blindaje vitalicio de los funcionarios. Toda una vuelta a la tortilla española, que ya está funcionando en otros países europeos.
Ajenas a la polémica, las unidades habitacionales de La Laboral están a punto de ser habitadas por jóvenes con superávit de ilusiones. Ojalá aprendan de su corta historia -y de otras muchas historias cortas- de manera que sin alarmas, sin excesos, con sentido común y de lo común, ensayen otra forma de hacer las cosas.
