ESTHER ESTEBAN
El secuestro del «Alakrana» pinta mal, muy mal. Es fácil ponerse en la piel de los familiares que, después de muchos días sin contacto con ellos, cuando ¡por fin! los tienen al otro lado del teléfono, la noticia es que han oído disparos, que tres han sido separados del grupo y que los secuestradores no están dispuestos a negociar nada mientras no se libere a los dos piratas encarcelados en nuestro país. Es fácil comprender que las familias digan que el Gobierno les está mintiendo y que se sientan abandonadas a su suerte, pero, más allá del drama personal y familiar, no reconocer que el tema es complejo y la solución complicada sería absurdo.
Por un lado, es cierto que los piratas nunca han matado a ningún rehén, que su objetivo es obtener dinero, y cuanto más, mejor, y eso hace albergar esperanzas de que ninguno de nuestros marineros corra peligro. La situación excepcional respecto a otros episodios similares de piratería es la actuación del juez Garzón, que, en su precipitación de siempre y en su afán de protagonismo, reclamó el inmediato traslado a España de los dos piratas sin valorar la posibilidad de enviar a los detenidos a Kenia, tal como han hecho en casos similares el resto de los países.
Es muy posible que la exigencia de los secuestradores de que se libere a sus compinches sea sólo una excusa más para aumentar el botín, pero poner en riesgo la vida de 36 personas bien merece la pena explorar la posibilidad de que los detenidos sean trasladados a Somalia o Kenia para ser juzgados allí. Después del espectáculo judicial para determinar la edad de uno de los piratas no estaría de más reconsiderar esta posibilidad.
La pregunta que se hacen algunos es si el Gobierno español ha optado o no en todo este asunto por una estrategia acertada limitándose a amagar y no dar o, por el contrario, nuestras fragatas deberían entrar en acción, como ha hecho Francia en algunas ocasiones. Sea como fuere, ni la ministra Carmen Chacón contempla tal posibilidad ni los informes sobre la tensa situación lo aconsejan. De momento, está funcionando, y bien, la colaboración de los servicios de Inteligencia entre Francia y España, y las próximas horas pueden ser decisivas para este asunto.
Mientras tanto, las familias deben ser informadas y tratadas con un mínimo de sensibilidad por parte del Gobierno, cosa que hasta ahora no ha ocurrido. Es incomprensible que el único recado que les ha llegado hasta ahora de las autoridades sea para decirles que se callen y que no hablen con los medios de comunicación bajo la amenaza intolerable de que sus palabras pueden poner en peligro a sus familiares. Algunos politiquillos de quinta creen que pueden tapar su ineficacia aplicando la ley mordaza. ¡Sin comentarios!
