ANTONIO CASADO
Este martes tiene la Junta de Portavoces del Parlamento valenciano una nueva ocasión de convocar un Pleno específico para designar de una vez por todas a Leire Pajín, secretaria de organización del PSOE, como representante de la Comunidad Valenciana en el Senado. Si no lo hace, el calendario no dará más oportunidades hasta 2010, porque el tiempo restante hasta el final de este período de sesiones se consumirá en la agenda presupuestaria y las consabidas vacaciones.
Recordemos que el nombramiento de Leire Pajín para cubrir la vacante socialista de Andrés Perelló viene siendo objeto de obstrucción sistemática por parte del Partido Popular desde que en mayo de 2009 se produjo la renuncia de Perelló, al convertirse en eurodiputado.
Diversos pretextos formales han venido siendo utilizados por el grupo parlamentario del PP, liderado por Ricardo Costa hasta la reciente destitución de éste. El último consiste en la extravagante pretensión de someter a Leire Pajín a una especie de examen de idoneidad para representar a los valencianos en la Cámara alta. Algo sin precedentes en la dinámica legal y política hasta ahora aplicada, siempre de común acuerdo de los dos grandes partidos nacionales, en base a la aritmética electoral, para designar a los senadores de extracción autonómica.
Tampoco tiene precedentes el ejercicio de filibusterismo parlamentario ejercido contra esa dinámica política y legal que ya es costumbre entre el PSOE y el PP a la hora de designar a los senadores que le corresponden a cada comunidad. Un verdadero fraude al funcionamiento de las cámaras.
Al principio, según reconoció el propio Ricardo Costa ante el jefe de filas de los parlamentarios socialistas, Ángel Luna, se trataba de la mezquina represalia por el «caso Gürtel». Al final se ha convertido en un asunto de fondo, pues el retraso en designar a la senadora socialista ya está influyendo en las votaciones. Por tanto, está causando un desequilibrio democrático achacable a una maniobra obstruccionista deliberada. En consecuencia, el PSOE valenciano presentó a primeros de octubre un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por violación del artículo 23 de la Constitución española, que proclama el derecho a participar en asuntos públicos y en igualdad de condiciones.
El asunto es relevante en votaciones importantes. Por ejemplo, la de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Podría provocar la devolución del proyecto al Congreso. Y que la balanza la incline el voto de un presunto corrupto, como Luis Bárcenas, a falta del voto de Leire Pajín, porque la mayoría parlamentaria del PP en las Cortes de Valencia ha decidido boicotear su designación de forma reiterada y consciente. Con el voto de Leire Pajín, otro ejemplo, el PSOE no hubiera perdido una reciente votación sobre la reforma de la ley de tráfico, que el PP ganó por un voto de diferencia.
