MARCELINO M. GONZÁLEZ
La situación del «Alakrana» puede estar encauzada, dijo el Presidente el lunes pasado desde Polonia. Puede estarlo o no, que diría Rajoy. Nos da toda la impresión, y mejor que nos equivoquemos, de que no hay absolutamente nada arreglado ni en vías de arreglo, que aún es peor. Porque si de lo que se trata es de extraditar a los piratas, que están a disposición judicial, a un pseudopaís con el que no hay ni relaciones diplomáticas ni convenio de extradición, ni siquiera líneas telefónicas, donde sólo mandan los señores de la guerra, pues ya me dirán ustedes. Don José Luis no puede columpiarse en temas como éste, cuando están en juego las vidas de 36 españoles y el prestigio y la dignidad de todo un país. No puede hacerlo porque, primero, la situación de los piratas detenidos depende única y exclusivamente de la Audiencia Nacional y, segundo, tratándose de delincuentes, ¿quién asegura al Presidente que, una vez que se extradite a estos canallas -caso de que se haga-, sus cómplices no mantendrán el secuestro y exigirán más y más para liberarles? Para ello, ¿ha de llegarse a algún acuerdo diplomático con el Gobierno de un país donde reina la más absoluta anarquía?, y ¿qué tipo de acuerdo y con cuál gobierno? ¿No exigirán también los políticos somalíes, piratas como los secuestradores, alguna compensación? Desde luego parece que, unos y otros, están bien asesorados, según se dice, por algún bufete londinense en cuya placa también figura una calavera con dos tibias cruzadas. Y nosotros nos preguntamos, ¿quién asesora a nuestro presidente?, ¿acaso el mismo bufete?, o ¿se trata del despacho madrileño por donde dicen que la solución está encauzada? Eso del juicio ultrarrequeterrápido donde se declaran culpables y, en aplicación de la ley de Extranjería, se les expulsa del país. ¡Qué vergüenza!, tener tanta urgencia por traerles y ahora no saber cómo desprenderse de ellos. Les queman.
En este «affaire» se cruzan una serie de acontecimientos que a nuestro juicio son una verdadera locura. Desde el hecho de la duda acerca de la territorialidad de las aguas donde fue secuestrado nuestro pesquero hasta la detención de los piratas y su traslado a Madrid han sucedido una serie de hechos sobre los que hay cierta oscuridad informativa. Pero lo que realmente consideramos de enorme gravedad es la decisión del juez Baltasar Garzón de traer a los detenidos a Madrid sin haber sido solucionado el secuestro. Todo indica que esta decisión judicial fue forzada por el propio Gobierno a través del abogado del Estado. Garzón pidió informes a Exteriores, Justicia y Defensa, solicitando un informe ampliatorio de los hechos al tiempo que recomendaba que, «caso de que se produzcan detenciones, se adopten todas las medidas que garanticen la seguridad de los ocupantes y tripulación del pesquero "Alakrana", así como de los detenidos». ¿Qué medidas se adoptaron? A la vista está que ninguna. Y ahora nos la tendremos que envainar y seguir con el vodevil que se está representando en todas las esferas.
Los ministerios implicados, Exteriores, Defensa y Justicia (¡qué amaño!, señor Caamaño), por un lado, el Presidente por otro, la Vicepresidenta -en Sudamérica- por otro, la oposición por el suyo -no se engañen, aunque hayan prestado su apoyo al Gobierno, quieren lo suyo, que es despellejarlo cuando el asunto concluya (ya lo han anunciado)-, ¿les suena de algo el «Prestige»?, y los familiares de los implicados, sin amparo de ningún tipo, también por el suyo, que es el más respetable. Y con esa irresponsable ambigüedad, ese oscurantismo y esas mentiras, que ahora se descubren, todavía se atreve a pedir más cautela a los implicados. ¿Dónde está su cautela, señor Zapatero? Otros países de nuestro entorno habrían empleado métodos menos convencionales y más expeditivos. Pero, en cualquier caso, nosotros ya hemos hecho el ridículo más espantoso. Como siempre.
