ANTONIO CASADO
Se erigía el otro día el presidente de la Generalitat, José Montilla, en defensor del «espíritu constitucional» al reclamar por enésima vez el respeto al Estatuto de Cataluña, tal y como fue alumbrado por los representantes políticos y directamente por los ciudadanos catalanes en el referéndum de junio de 2006. De su discurso se deduce que retocar el texto, aunque sea parcialmente, iría contra el espíritu constitucional. Es mucho decir, si los retoques los decide el único órgano habilitado para dictaminar lo que se ajusta y lo que no se ajusta al espíritu de la Constitución. Al espíritu y a la letra.
A ver si va a resultar que Montilla se convierte en el guardián de las esencias de la Constitución española. No parece, después de haberle oído proferir admoniciones sobre los males que se avecinan si el Estatut es declarado inconstitucional total o parcialmente. O después de haberle oído decir que, pase lo que pase, «no renunciaremos a prosperar nacionalmente de acuerdo con nuestras aspiraciones».
Sin embargo, nos ha vuelto a sorprender al reclamar «sentido de Estado» a los magistrados del Tribunal Constitucional que llevan casi tres años estudiando los 120 artículos impugnados por el PP y los siete motivos de inconstitucionalidad apreciados por el Defensor del Pueblo, amén de tres recursos más, todos ellos redundantes en las principales cuestiones de fondo: identidad, bilateralidad, uso de la lengua, derechos históricos y símbolos nacionales.
Si Montilla quiere realmente que el alto tribunal lleve el sentido del Estado a su sentencia sobre el Estatut, cuyo retraso se está convirtiendo en el culebrón de la temporada política, me parece que sus cuentas no le van a salir. Y por ahí parecen estarse moviendo los diez miembros del alto tribunal. O sea, con sentido de Estado, lo que los obliga a preservar y garantizar la vigencia de sus grandes pilares. Por ejemplo, el de la soberanía nacional única e indivisible, tal y como viene enunciada en el artículo 2 de la Constitución española.
La Constitución permite la transferencia de funciones, pero no la cesión de soberanía nacional al Gobierno de los territorios que forman el actual Estado de las autonomías. Si el Tribunal Constitucional entiende que en ese punto se está desvirtuando el espíritu o la letra de la Constitución, su sentido del Estado lo llevará a recortar los vuelos nacionalistas del Estatuto catalán.
Es lo que parece estar pasando, que los magistrados entienden que no son «acomodables» a la Constitución aquellos artículos de los que eventualmente podría inferirse un proceso de segregación. Así que quieren conjurar el riesgo de eventual utilización del Estatut como pretexto legal para lanzarse a semejante aventura política. Justamente porque tienen sentido de Estado, como quiere Montilla.
