JOSÉ LUIS POYAL
De emboscada constitucional calificaba J. H. Weiler, prestigioso catedrático norteamericano, la situación provocada por los errores de Zapatero en relación con el Estatuto de Cataluña, acusándolo de «complicidad en el desmembramiento constitucional de la nación española, que es acto de un político de tres al cuarto, no el de un hombre de Estado, algo que el Tribunal Constitucional debería tener presente. La historia será implacable si no lo hace».
Cuando se acerca el día o el momento para conocer la sentencia del TC, arrecian los tonos de los comentarios desde las diferentes ópticas políticas. El catalanismo independentista se hace rodillo a golpe de hechos consumados, anunciando movilizaciones y hasta la desobediencia civil si el TC «se pasa» en los retoques. Las llamadas en nombre de la «dignidad de Cataluña» son bochornosas y un antidemocrático episodio del que no se saben las consecuencias posteriores. Las amenazas directas de estas últimas horas no pueden explicarse sin la debilidad de Zapatero, que carece de autoridad para imponerse a los socialistas catalanes y permite que se esté llegando al punto crítico de ruptura.
Para el catalanismo soberanista ya no es válido ningún modelo de Estado que no sea la independencia. Ya no se acepta ni un Estado federal, puesto que ello exigiría previamente un sentimiento de unidad nacional que no se comparte. No les vale la fórmula de Estados Unidos, Alemania o Suiza, porque sus estados, «lander» o cantones reconocen una cohesión nacional superior, y ése no es su caso. Si no soportan ni la bandera ni el idioma es inútil pedir solidaridad.
Ha llegado el momento de que políticos y partidos expliquen a los ciudadanos la hipocresía que rodea nuestra norma fundamental. Deben razonar si continúa vigente el artículo 1 que dice que la soberanía reside en el pueblo español cuando el Estatuto de Cataluña, votado por el PSOE, señala que los poderes de la Generalidad emanan del pueblo catalán. También si se mantiene el artículo 2, que se refiere a la «nación española, patria común e indivisible» o el artículo 3, sobre el castellano, cuando su uso puede motivar una sanción en Cataluña. Y quedan otros tantos temas constitucionales que han sido sobrepasados.
La falta de respeto a la Constitución, la dejación de funciones concretas del Estado que hicieron los gobiernos de Felipe González y Aznar a cambio de un puñado de votos nacionalistas han derivado en la situación actual agudizada por la aportación de un político que incluso a nivel internacional merece las peores calificaciones.
Malos momentos para esta vieja nación, controvertida, machacada por una clase política en la que abundan incompetentes y aprendices de brujo. Hacen falta muchas dosis de «seny», que diría Josep Pla, para remediar la mayor crisis política y constitucional cuando se aproxima el 31.º aniversario de la Constitución.
